No usar la baliza luminosa V-16 podría acarrear penas de cárcel desde 2026

A partir del próximo 1 de enero de 2026, todos los conductores en España deberán señalizar una avería o accidente en carretera exclusivamente con la baliza luminosa V-16 conectada, sustituyendo de manera definitiva a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Sin embargo, no cumplir con esta obligación puede tener consecuencias mucho más graves que una simple multa.

De hecho, la no colocación adecuada del dispositivo, especialmente si se demuestra que esta omisión ha contribuido a causar lesiones o fallecimientos, podría derivar incluso en penas de prisión para el conductor responsable. Así lo advierte un reciente informe de la consultora Impulso by PONS, que detalla los cinco principales riesgos legales vinculados al incumplimiento de esta nueva normativa.

Un cambio histórico en la señalización vial española con la baliza luminosa V-16

El uso obligatorio de la baliza luminosa V-16 marca un punto de inflexión en la seguridad vial del país. Según datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), en España circulan actualmente más de 34 millones de vehículos asegurados, lo que convierte esta medida en un cambio de gran magnitud que afectará tanto a conductores particulares como a empresas de transporte y fabricantes de dispositivos de señalización.

La Dirección General de Tráfico (DGT) fijó el 1 de enero de 2026 como el plazo definitivo para sustituir los triángulos por la baliza luminosa V-16, y solo quedan 50 días para su entrada en vigor. Ante esta inminente fecha, Impulso by PONS ha publicado un análisis en el que se desglosan los riesgos legales que puede acarrear el incumplimiento en cinco ámbitos: civil, penal, administrativo, asegurador e industrial.

El informe subraya que no colocar la baliza luminosa V-16 en la parte superior del vehículo, como exige la normativa, puede ser considerado un acto de imprudencia grave si dicha omisión contribuye a un accidente con víctimas.

En estos casos, el conductor podría enfrentarse a penas de prisión y a la retirada del permiso de conducción, además de sufrir graves repercusiones personales y profesionales. Esta falta de señalización puede interpretarse como una negligencia directa, especialmente si se demuestra que la ausencia de visibilidad fue determinante en el siniestro.

Riesgos civiles y económicos: posibles reclamaciones e indemnizaciones

Desde el punto de vista civil, la falta de una señalización adecuada también puede generar responsabilidad directa del conductor. Si un tercero resulta dañado por no haber sido advertido de una avería o accidente, el responsable podría verse obligado a asumir los costes de reparación o indemnización derivados del incidente.

Además, si el conductor utiliza una baliza no homologada o que no cumpla con los estándares técnicos exigidos, esta conducta podría agravar su responsabilidad y servir de base para futuras reclamaciones judiciales.

Las compañías aseguradoras, por su parte, también pueden actuar en consecuencia. Si demuestran que el asegurado incumplió la obligación de señalizar, podrían negar la cobertura del siniestro o ejercer la llamada acción de repetición, reclamando al conductor las cantidades pagadas a las víctimas. En términos prácticos, esto dejaría al infractor sin protección económica frente a terceros.

Responsabilidad administrativa: sanciones por incumplimiento

El análisis de Impulso by PONS también advierte que las consecuencias no se limitan al ámbito penal o civil. Desde la perspectiva administrativa, tanto el propietario del vehículo como el conductor tienen obligaciones específicas. El primero debe garantizar que el vehículo dispone de la baliza luminosa V-16 conectada y que se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento. El segundo, en cambio, es responsable de usarla correctamente según el Reglamento General de Circulación.

El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear multas de entre 80 y 200 euros, dependiendo del grado de infracción. Estas sanciones, aunque económicas, reflejan la voluntad de la DGT de reforzar la cultura de la prevención y la seguridad en carretera.

El estudio también pone el foco en los fabricantes, importadores y laboratorios que producen o distribuyen las luces de emergencia V-16.

Estos agentes están obligados a cumplir los estándares recogidos en la Ley de Seguridad Industrial de 1992. Producir o comercializar dispositivos que no se ajusten a dicha normativa puede suponer multas que oscilan entre 60.000 euros y 100 millones de euros, así como la suspensión o cierre de la actividad durante un periodo de hasta cinco años.

Finalmente, Impulso by PONS advierte de un último riesgo menos evidente pero igualmente relevante: el conductor podría perder la presunción de buena fe si no verifica el correcto funcionamiento del dispositivo o si adquiere un modelo no certificado.

esa pérdida de confianza puede complicar su defensa ante un tribunal o una compañía aseguradora, al ser percibido como negligente por omitir comprobaciones básicas de seguridad.

Una obligación que protege vidas

La implantación obligatoria de la baliza luminosa V-16 conectada no es una mera formalidad burocrática. Se trata de una medida de seguridad clave destinada a evitar atropellos y mejorar la visibilidad de los vehículos inmovilizados en carretera.

Cumplir con la normativa no solo evita sanciones, sino que puede salvar vidas. Por el contrario, ignorarla podría implicar responsabilidad penal, económica y moral para los conductores, propietarios o fabricantes que no se adapten a tiempo a esta nueva etapa de la seguridad vial española.