Puigdemont recurre al Constitucional y pide anular la orden de detención tras el rechazo a la amnistía

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18/07/2025 - 08:11
Carles Puigdemont

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El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra las resoluciones del Tribunal Supremo que le niegan la aplicación de la ley de amnistía. Además, solicita que se suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional dictada contra él por el magistrado del Supremo Pablo Llarena.

La petición llega apenas dos semanas después de que el TC declarara constitucional la ley de amnistía, instando a todos los órganos judiciales a aplicarla. Sin embargo, tanto la Sala de Apelaciones del Supremo como el propio juez Llarena han rechazado extender esta medida a Carles Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos en el marco del procés.

Una medida “cautelarísima” para proteger la libertad

En su recurso, de 25 páginas, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, reclama que se suspenda la orden de busca y captura sin escuchar a las partes, por considerarlo necesario para evitar un perjuicio “grave e irreparable” al derecho fundamental a la libertad, recogido en la Constitución.

Según Boye, el riesgo de detención inmediata, la falta de condena firme y la afectación a derechos como la libre circulación en la Unión Europea y la participación política justifican una respuesta urgente:

“Hace dos semanas el TC declaró constitucional la ley y decía que todos los órganos judiciales tenían que aplicarla porque estaba en vigor”, señaló Boye en declaraciones a TV3.

El abogado admite que el TC no tiene plazo legal para resolver, pero insiste en que “los derechos en juego exigen una decisión rápida”.

Las razones del Supremo para no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont

El Tribunal Supremo ha denegado la amnistía a Carles Puigdemont apoyándose en dos excepciones contempladas en la ley:

  1. Que se haya cometido malversación con ánimo de lucro personal o beneficio patrimonial.
  2. Que la conducta afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.

El alto tribunal sostiene que los líderes del procés obtuvieron un beneficio patrimonial al financiar el referéndum ilegal del 1-O con dinero público, evitando pagar de sus propios bolsillos. Además, argumenta que la independencia de Cataluña habría reducido los ingresos comunitarios, perjudicando así a la UE.

Críticas a la interpretación del Supremo

El recurso de Carles Puigdemont acusa al Supremo de hacer una “interpretación extensiva” y sin base legal de estas excepciones para dejar fuera la malversación de la amnistía. Según el escrito, esto contradice la voluntad expresa del legislador y vulnera el principio de legalidad penal.

“La afirmación de que evitar un gasto público equivale a obtener un beneficio patrimonial es una mutación del concepto de enriquecimiento sin sustento legal”, sostiene la defensa.

Asimismo, se denuncia que la negativa del Supremo a reconocer la pérdida de aforamiento y a trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

“Resistencia judicial” y conflicto institucional

Para Carles Puigdemont, la actuación del Supremo forma parte de una “estrategia de resistencia judicial” frente a la aplicación de la ley de amnistía, lo que supone una intromisión ilegítima del poder judicial en las competencias del legislador.

“Se produce una ruptura del principio de separación de poderes”, alerta el recurso, que advierte del impacto no solo en España, sino también en el sistema europeo de protección de derechos fundamentales.

La defensa considera que el Constitucional debe intervenir con urgencia, ya que la cuestión tiene “especial trascendencia constitucional” y existe un “vacío jurisprudencial” sobre los límites interpretativos de las excepciones a la amnistía.

Riesgo de condenas internacionales

El recurso también advierte de posibles consecuencias para España en el ámbito europeo, ya que las vulneraciones denunciadas podrían derivar en condenas internacionales. Por ello, insta al TC a dar una respuesta “clara, firme y restauradora” para garantizar los derechos fundamentales y el respeto al principio de legalidad.

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