El Tribunal ofrece 15 días al Govern para insertar el 25 % del castellano en las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación un máximo de 15 días para instaurar la sentencia de la obligatoriedad de impartir al menos un 25 % de horas lectivas en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.

Garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva las dos lenguas oficiales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que, en un máximo de 15 días, se aplique la sentencia de obligar a impartir al menos el 25 % de horas lectivas en castellano. El tribunal ha insistido al “conseller” de Educación, Josep González-Cambray, a que “dicte las instrucciones y establezca garantías de control” para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban un mínimo de porcentaje de clases en castellano.

El tribunal abrió alegaciones ante la solicitud de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, que apreciaba incumplimientos de la sentencia. En aquel entonces, el TSJC defendió que el uso del español en muchas escuelas catalanas “es residual”. Sin embargo, la sentencia obliga a la Generalitat a “adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales”.

Esta resolución señala la responsabilidad máxima al Govern de garantizar la utilización “vehicular normal” de dos lenguas cooficiales, tanto el catalán como el castellano, con un porcentaje del 25 %.

El castellano como asignatura troncal

El tribunal señala que esta orden, ya reconocida, incluirá como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo. Esto significa que además de impartir la lengua castellana, todos los colegios deberán impartir una única asignatura en castellano, que será troncal. La sentencia “reconoce la libertad” de la Generalitat para “determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales”.

La presidenta de AEB, Ana Losada, ha señalado que este requerimiento es “el final de un largo camino, de casi tres décadas de vulneración de derechos lingüísticos” y ha afirmado que a partir de ahora, Cataluña tendrá “una nueva escuela” donde se van a respetar los derechos de los alumnos, quienes podrán estudiar ambas lenguas.

El Govern muestra su rechazo

El “conseller” de Educación, Josep González-Cambray, ha insistido en que el Ejecutivo catalán presentará recurso de reposición a la interlocutoria del TSJC sobre dicha ejecución. Ha insistido en que presentarán recursos ante esta “aberración de los tribunales”. Sin embargo, la Generalitat deberá modificar su estrategia si no quiere que uno de sus miembros vuelva a ser investigado por un presunto delito.

Aun así, el TSJC no quiere esperar a la entrada de vigor de esta nueva norma en unos meses y en 15 días espera que se cumpla la resolución por la que el conseller debe ofrecer a las escuelas que oficialicen un mínimo de un 25 % de clases en castellano.