Los servicios se ofrecen de forma privada, son los usuarios quienes deben contratar y pagar, y están disponibles de momento solo Castilla y León, Comunidad de Madrid, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.
Una cifra que supone un incremento del 3,7 % con respecto a la del año pasado. El objetivo: promover la inclusión laboral y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Estos fondos se utilizarán para promover la inclusión y el bienestar de este colectivo en áreas como la accesibilidad, la educación, el empleo, la salud y la participación social.
El documento reclama incluir en las candidaturas y en la campaña electoral a personas con discapacidad en posiciones de salida, es decir, a fomentar su participación política, así como a defender sus derechos y bienestar.
Las personas con discapacidad acreditada no tendrán que formar parte de las mesas electorales en las generales del 23J , aunque para ello deberán acreditar esta condición ante la Junta Electoral de Zona correspondiente para quedar eximidas.