Septiembre político: claves legislativas que marcarán los derechos sociales en España

Septiembre es un mes decisivo para la política española. El inicio del nuevo curso parlamentario viene marcado por una agenda cargada de leyes y debates que pueden transformar la vida de muchas personas, especialmente en el ámbito de los derechos sociales. La vuelta al Congreso y al Senado tras el parón estival activa negociaciones, votaciones y reformas que habían quedado pendientes antes del verano.

El mes de septiembre marca un punto clave en el avance legislativo para los derechos de las personas con discapacidad en España. Tras años de demandas del movimiento asociativo, se espera que el Congreso retome el proyecto de reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Septiembre de 2025 será un mes clave para varias iniciativas legislativas relacionadas con derechos sociales

¿Qué plantean cambiar?

1. Educación y ley de inclusión: el foco en la igualdad

Uno de los grandes temas será la posible reforma educativa con perspectiva inclusiva. Algunos grupos parlamentarios han exigido revisar el modelo actual para incorporar medidas que aseguren una mejor integración de alumnado con necesidades específicas. También se espera avanzar en el desarrollo de programas contra el acoso escolar y una nueva estrategia nacional de salud mental en las aulas.

2. Vivienda: ¿habrá medidas más contundentes?

Aunque se aprobó recientemente la Ley de Vivienda, su aplicación práctica aún genera tensiones entre gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central. En septiembre podrían llegar modificaciones o nuevas propuestas, como límites más estrictos al precio del alquiler, mayores sanciones a pisos turísticos ilegales o incentivos a la vivienda social. Las organizaciones sociales piden claridad y urgencia.

3. Discapacidad y accesibilidad: reformas prometidas

• Está previsto que se reactiven debates sobre la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con reformas centradas en accesibilidad universal, inclusión laboral y protección jurídica. También se discute la financiación de programas autonómicos vinculados a este colectivo.
• Accesibilidad universal obligatoria antes de 2030
  Uno de los puntos fuertes de la reforma es establecer plazos concretos y vinculantes para que todos los entornos, servicios, transportes y tecnologías sean accesibles. Esto responde a años de retrasos en el cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad.
• Acceso real a la justicia
  Se impulsarán medidas para garantizar que las personas con discapacidad, especialmente las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, puedan participar plenamente en procesos judiciales, con apoyos adecuados, intérpretes y documentos adaptados.
• Educación inclusiva sin excepciones
  La ley incluirá medidas para que el modelo educativo sea 100 % inclusivo, tal como recomienda la ONU. Esto implicará más recursos humanos, adaptación curricular, tecnologías accesibles y formación del profesorado.
• Refuerzo del empleo protegido y ordinario
  Se prevé revisar las subvenciones al empleo protegido y al empleo con apoyo, fomentar cuotas en empresas y penalizar el incumplimiento en la contratación pública respecto a cláusulas sociales.
• Perspectiva de género y discapacidad
  Por primera vez, se abordará de forma transversal la situación de las mujeres con discapacidad, visibilizando su especial vulnerabilidad frente a la violencia y la discriminación múltiple.
  

Entidades como CERMI, Plena Inclusión, ONCE o Fundación ONCE ya han comparecido en comisiones previas para aportar propuestas y exigir que esta reforma no se retrase más. Insisten en que es una cuestión de derechos humanos, no de gasto.

La previsión es que los primeros debates parlamentarios de esta reforma arranquen a finales de septiembre. Si hay consenso, podría aprobarse en el primer trimestre de 2026. El objetivo es adaptar plenamente la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España en 2008).

4. Salud mental y atención primaria

La salud mental sigue en la agenda legislativa. Se prevé la presentación de informes y comparecencias sobre la situación de los servicios públicos de atención psicológica y psiquiátrica. Además, asociaciones médicas exigen que se aborde la falta de personal en atención primaria y que se implementen los compromisos asumidos tras la pandemia.

5. Reformas laborales y apoyo a colectivos vulnerables

Otro punto clave será la reforma del subsidio de desempleo, con impacto en colectivos como jóvenes, mujeres mayores de 45 años y personas con baja cualificación. También podría debatirse un aumento en el Ingreso Mínimo Vital y el refuerzo de políticas activas de empleo.

6. Derechos sociales en políticas feministas y contra la violencia de género

Con el repunte de casos de violencia de género, algunas formaciones presionan para aumentar la financiación de centros de emergencia, casas de acogida y campañas de sensibilización. La agenda feminista seguirá en el foco, con iniciativas sobre corresponsabilidad, igualdad salarial y permisos parentales igualitarios.

7. En septiembre de 2025, según fuentes parlamentarias y asociaciones de pacientes, está previsto que siga adelante la Ley ELA

• Se impulse la publicación del reglamento de desarrollo de la ley, que concretará aspectos clave como la financiación de los cuidados domiciliarios, la asistencia sanitaria prioritaria y la prestación de servicios de apoyo psicológico y social.

• Las comunidades autónomas empiecen a coordinar la aplicación de los nuevos recursos previstos en la norma, ya que la Ley ELA implica una fuerte participación de los servicios autonómicos de salud y dependencia.

• Se desbloquee el presupuesto necesario para que estas ayudas lleguen a los pacientes, especialmente en cuanto a asistencia domiciliaria, fisioterapia, logopedia y productos de apoyo, que la ley contempla como “derechos esenciales”.

Asociaciones de afectados, como la Plataforma de Afectados por la ELA, llevan tiempo reclamando más derechos sociales, que no se quede en papel mojado y que en septiembre arranque de forma real la implantación del catálogo de servicios que promete la ley.

8. Cambios en la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales

A partir de septiembre de 2025, está previsto que entren en vigor varias normas reglamentarias pendientes en relación a derechos sociales de los animales, como:

• La obligación de los cursos de formación para propietarios de perros, que aún no se habían concretado en detalle.
• El registro nacional de animales de compañía, para mejorar la trazabilidad y evitar abandonos.
• Nuevas disposiciones sobre cría y venta de animales, con un control más estricto sobre los criadores y tiendas de mascotas.

También se espera que en septiembre se refuerce la coordinación con las comunidades autónomas, especialmente para garantizar el control de colonias felinas y la prohibición del sacrificio de animales abandonados, salvo casos de sufrimiento irremediable.

Asociaciones animalistas han presionado para que el Gobierno publique cuanto antes los reglamentos de aplicación de la ley, que en parte se habían retrasado por falta de recursos y cambios políticos en algunas comunidades autónomas.