Los espectáculos denigrantes a personas con discapacidad tienen los días contados

“Luces, sonido y acción... ¡Que empiece el espectáculo! Salid a pasadlo bien, sonreír, divertíos y disfrutadlo, porque la gente que esté en esa plaza disfrutará con vosotros. Como siempre a dar lo mejor de cada uno...”. Con estas palabras comienzan muchos espectáculos denigrantes a personas con discapacidad, en concreto, de “cómico taurino”.

Estos espectáculos atentan contra los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por lo tanto, es un avance que se trabaje en que no se celebren.

La futura reforma de la Ley general de discapacidad prohibirá estos actos en los que se denigra públicamente a las personas con discapacidad y destinará el importe de las sanciones que se impongan por discriminación a hacer accesibles los servicios públicos.

"Vamos a convertir las barreras en escalones hacia la igualdad de derechos", ha manifestado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el pleno del Consejo Nacional de Discapacidad, informan fuentes de su departamento.

El Ministerio ha pedido ya en diversas ocasiones la cancelación de espectáculos denigrantes como los del "bombero torero" en anteriores ocasiones.

Espectáculos denigrantes a personas con discapacidad: una programación basada en la mofa, la degradación y la humillación de una condición física

Es cierto que este tipo de espectáculos se siguen celebrando pero no “el bombero torero”, que abandonó los ruedos en 2017, en Almódovar del Campo (Ciudad Real). Una despedida que, por cierto tuvo una gran repercusión mediática

Sobre este tipo de shows, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, explicó que “la libertad debe ir acompañada de justicia social, y la autonomía del individuo se cae si no se parte de la igualdad de oportunidades, pues a nadie le gusta tener un trabajo que es motivo de mofa”. Por esta razón, la Dirección General pone a disposición de las personas que protagonizan este tipo de espectáculos denigrantes un programa específico de reciclaje e inserción laboral para el acceso a un empleo digno y decente.

Además, es preocupante, especialmente, que a estos espectáculos denigrantes asistan niñas y niños. En España, a pesar de la vigencia de la Convención en nuestro ordenamiento jurídico, este tipo de shows son contratados en numerosas ocasiones por las administraciones públicas, especialmente Ayuntamientos, con motivo de las ferias y fiestas mayores, como algo cultural, ofreciendo a la ciudadanía asistente una programación basada en la mofa, degradación y humillación de una condición física.

Debemos adoptar medidas para diseñar, poner en marcha y mantener campañas de sensibilización pública

Es más, los medios de comunicación deben publicar campaña destinadas a erradicar los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, promover el reconocimiento y el respeto de sus derechos y fomentar una percepción positiva y una mayor conciencia social en lo que se refiere a esas personas en la sociedad.

En GNDiario pedimos respeto a la realidad de las personas con enanismo, utilizada durante siglos como símbolo de mofa, humillación y aislamiento, provocando la exclusión social y la vulneración de los derechos fundamentales de todas las personas con esta discapacidad, no es una cuestión paternalista, sino que se erige en el parámetro esencial que puede identificar situaciones lesivas de los derechos humanos, protegiendo y haciendo prevalecer un interés general protector de una colectividad lejos de ofrecer espectáculos denigrantes.

A la mesa del Consejo han llegado también la II Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 para ser sometida a votación

Una hoja de ruta en la que han participado personas con discapacidad, familias y organizaciones, y el Plan Nacional de Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades.

Aparte de la prohibición de espectáculos denigrantes con la reforma de la ley de discapacidad, este año verá también la luz la norma que alineará el reconocimiento administrativo de la discapacidad con las recomendaciones de la Convención de la ONU y Belarra ha garantizado que se tendrán en cuenta factores sociales y económicos y la accesibilidad de todo el proceso y se incluirán mecanismos de urgencia por razones humanitarias, para situaciones con la actual guerra de Ucrania.