Facua denuncia diferencias por comunidad de hasta el 100 % en tarifas de ITV

Sevilla, 21 dic (EFE).- La asociación de consumidores Facua ha denunciado hoy variaciones en las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de hasta un 100 %, en función de la comunidad autónoma en la que se realice.

La variación entre la revisión más económica y la más cara es del 70,5 % en el caso de los coches impulsados por motores de gasolina, en el que Andalucía es la comunidad más barata y el País Vasco, la más cara, si se toman en consideración los vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos, según el estudio de Facua.

En cuanto a la ITV de los turismos diésel, las diferencias alcanzan el doble, el 100 %, con Extremadura como la comunidad con las tarifas más bajas frente a Madrid, que tiene las más altas.

El precio medio de la ITV en España en 2018 es de 34,82 euros para los turismos de gasolina, lo que ha supuesto una subida del 1,2 % respecto al estudio de Facua de 2017, y de 42,05 euros los equipados con motor diésel, un 1 % más que el año pasado.

El estudio se ha centrado en las tarifas de la ITV de los turismos particulares, tanto de gasolina (con catalizador, pues los no catalizados tienen cada vez menos presencia en el parque automovilístico de España) como diésel, así como en las de motocicletas y ciclomotores.

Las comunidades que registran las tarifas más económicas son Andalucía, Murcia y Extremadura.

Pese a ser la tercera comunidad con los precios más económicos, Extremadura es la región en la que las tarifas de la ITV han experimentado un mayor incremento en 2018, un 7,3 %.

Además, la ITV ha subido en Madrid (7,2 % en gasolina y 6 % en diésel), Melilla (2,3 %), Canarias (1,8 %), Ceuta (1,6 %), Euskadi (1,6 %), Mallorca (1,5 %), Aragón (1,3 %), Galicia (0,6 %) y Menorca (0,6 % en gasolina y 0,5 % en diésel)

La Comunidad de Madrid, la más cara en términos absolutos en relación al precio de la ITV para los turismos diésel, es la única de España en la que el servicio de Inspección Técnica de Vehículos se encuentra liberalizado, y por tanto los precios no están regulados por la administración autonómica, señala Facua.