Gobierno reconoce falta de personal en unidades de inclusión de la Administración General

La Dirección General de la Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha emitido una comunicación oficial que pone de manifiesto las carencias estructurales en el cumplimiento de los mandatos sobre discapacidad en el sector público. En un oficio fechado este lunes, la administración ha confirmado que, a fecha de 1 de noviembre de 2025, ninguna de las unidades de inclusión del personal con discapacidad que constan como inscritas en los distintos ministerios dispone de personal específicamente adscrito en el Registro Central de Personal.

Esta revelación surge como respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada el pasado 14 de noviembre por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), a través del Portal de Transparencia. La organización, presidida por Luis Cayo Pérez Bueno, buscaba conocer el grado de implantación real de estas unidades, fundamentales para garantizar el estado actual de las políticas de inclusión de la Administración General.

La petición del Cermi era exhaustiva y directa. Solicitaban una relación nominal de las unidades efectivamente creadas, especificando a qué ministerio pertenecían, así como una lista de aquellos departamentos que, pese al mandato legal existente, todavía no habían constituido dicho órgano. Asimismo, exigían conocer la previsión temporal para su creación en los casos de incumplimiento y el número exacto de empleados públicos asignados a estas tareas. La respuesta obtenida confirma que, aunque existe una estructura nominal, la falta de recursos humanos dedicados en exclusiva es una realidad que afecta a la estrategia de inclusión de la Administración General.

Disparidad estructural entre ministerios

El análisis de la respuesta gubernamental dibuja un mapa muy desigual en la estructura del Estado. Según el oficio, en el Registro Central de Personal únicamente figuran tres unidades de inclusión con entidad diferenciada reconocida. Dos de ellas se encuentran bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estando reguladas expresamente en su real decreto de estructura. La tercera pertenece al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, integrada dentro de su Subdirección General de Recursos Humanos.

En el resto de la estructura gubernamental, la situación es distinta. La mayoría de los ministerios no han creado unidades diferenciadas con reflejo registral propio. En su lugar, han optado por atribuir formalmente las funciones de inclusión a otros órganos ya existentes, principalmente a las subsecretarías o a las direcciones generales de servicios e inspección. Esta lista de ministerios que operan bajo este modelo incluye carteras de gran peso como Hacienda, Transportes y Movilidad Sostenible, Educación, Trabajo y Economía Social, o Sanidad, entre muchos otros. Aunque las funciones se están realizando, la ausencia de unidades específicas con personal propio demuestra que la inclusión de la Administración General sigue operando bajo fórmulas de gestión compartida y no exclusiva.

Retos pendientes para la inclusión de la Administración General

Sin embargo, el escenario es aún más complejo en cuatro departamentos específicos que la Dirección General de la Función Pública señala en su contestación. Estos ministerios aún no han regulado de manera expresa su unidad de inclusión en sus reales decretos de estructura orgánica ni la reflejan como órgano diferenciado. Se trata de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Defensa; Vivienda y Agenda Urbana; y el propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El caso de este último es paradójico, ya que es el emisor del informe. El ministerio admite que dispone actualmente de una Unidad de Inclusión del Personal con Discapacidad adscrita a la Subsecretaría, pero reconoce que su regulación normativa no llegará hasta el primer trimestre de 2026. Actualmente, existe un puesto de coordinador pendiente de adscripción formal, y las funciones son desempeñadas de manera provisional por el Gabinete Técnico. Esta provisionalidad en departamentos clave obstaculiza la correcta inclusión de la Administración General.

Herramientas digitales y coordinación interministerial

A pesar de las carencias de personal exclusivo, la respuesta oficial destaca los esfuerzos realizados en materia de coordinación y recursos compartidos. El ministerio subraya que se están llevando a cabo labores relacionadas con la inclusión de la Administración General a través de otros mecanismos. Se detalla la existencia de un apartado específico en la intranet ministerial dedicado a la accesibilidad, desde donde el Gabinete Técnico participa en la elaboración de disposiciones normativas y mantiene contactos periódicos con las unidades de los demás departamentos.

Además, se hace énfasis en la participación en reuniones de coordinación y formación lideradas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, lo que sugiere un intento de mantener una coherencia en las políticas a pesar de la falta de estructura propia. Función Pública también ha habilitado una cuenta de correo electrónico específica y un espacio digital para difundir noticias y documentación de interés para el personal con discapacidad.

Finalmente, respecto a la transparencia en el contacto, el gobierno remite al directorio general de la AGE, considerando que la información de contacto ya es pública. No obstante, la falta de personal adscrito exclusivamente sigue siendo el dato central que define el momento actual, evidenciando que queda un largo camino para perfeccionar la estructura de inclusión de la Administración General y dotarla de los recursos humanos propios que la normativa y el Cermi demandan para una operatividad plena.