
Lectura fácil
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de la Ley del Medicamento y los Productos Sanitarios, que se espera sea remitido al Congreso de los Diputados antes del verano, según los plazos previstos por el Ministerio de Sanidad, responsable de la propuesta. Si finalmente se aprueba en las Cortes, esta nueva normativa reemplazará a legislaciones que datan de entre 15 y 35 años atrás, y tiene como objetivo principal lograr "precios más asequibles". No obstante, se ha dejado fuera la reforma del sistema de copago que figuraba en el borrador inicial y que preveía la creación de nuevos tramos para proteger a las personas con ingresos más bajos. Esta medida se ha pospuesto para una etapa legislativa futura. Aun así, se calcula que las medidas incluidas permitirán un ahorro cercano a los mil millones de euros en el gasto público.
Reformas clave en la Ley del Medicamento
En líneas generales, el nuevo texto legal de la Ley del Medicamento establece la prescripción de medicamentos por principio activo como norma general. Además, aborda cambios en el sistema de fijación de precios con el objetivo de facilitar el acceso a los fármacos y prevenir desabastecimientos, incluyendo un mayor número de medicamentos con financiación total o parcial. También se amplían las competencias para que profesionales de la enfermería y la fisioterapia puedan prescribir determinados tratamientos.
Por otro lado, se permitirá que los farmacéuticos dispensen medicamentos equivalentes sin necesidad de que el paciente regrese a consulta para obtener una nueva receta médica. En conjunto, se estima que estas modificaciones generarán un ahorro de aproximadamente mil millones de euros para las cuentas públicas.
El Anteproyecto de Ley del Medicamento y los Productos Sanitarios propone una serie de medidas dirigidas a intervenir en todas las etapas del ciclo de vida de un medicamento. Estas van desde su fase inicial, protegida por patente, hasta su transición a medicamento genérico y, eventualmente, a una situación en la que su precio es tan reducido que apenas hay fabricantes interesados en producirlo, lo que puede generar problemas de abastecimiento. A continuación, se destacan algunos de los aspectos más relevantes del documento:
Más medicamentos financiados
En la fase en la que los medicamentos pasan a formar parte del mercado de genéricos, el equipo de Mónica García plantea implementar un nuevo sistema de precios de referencia, es decir, el importe que cubre el Sistema Nacional de Salud (SNS). Desde el Ministerio de Sanidad explican que el objetivo es impulsar la competencia en el ámbito de los genéricos y asegurar precios más bajos tanto para la ciudadanía como para el propio sistema sanitario.
De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio, España es el país de la Unión Europea con mayor gasto farmacéutico por habitante en relación con su PIB. Esto se debe, en parte, a cifras como el hecho de que el gasto en genéricos está ocho puntos por encima de la media europea.
Actualmente, el sistema de precios de referencia fija un mismo precio para todos los medicamentos equivalentes, igualándolo al más bajo del grupo, sin permitir márgenes por encima ni por debajo de ese valor. Desde Sanidad señalan que este modelo limita la competencia entre empresas, ya que tiende a homogeneizar los precios, lo que impide que se ofrezcan medicamentos a costes aún más bajos. Esto, a su vez, dificulta una mayor incorporación de genéricos y biosimilares al sistema sanitario.
El texto propone un sistema de precios para grupos de medicamentos con el mismo principio activo y dosis, que establecería una horquilla entre el más barato y otros con precios seleccionados. A diferencia del modelo actual, en el que los fármacos por encima del precio de referencia quedan excluidos, la nueva propuesta permitiría financiarlos hasta ese límite, pagando el paciente la diferencia.
El objetivo es agilizar la entrada de genéricos, evitar desabastecimientos, fomentar la competencia y ampliar los medicamentos con financiación pública. Quedan fuera los de uso hospitalario, con reservas especiales, derivados del plasma y huérfanos.
El copago, pospuesto para más adelante
Una de las reformas más destacadas que figuraba en el borrador del anteproyecto de ley, pero que finalmente se ha aplazado para una fase legislativa “futura”, era la modificación del sistema de copago. El texto inicial proponía ampliar de tres a seis los tramos de copago con el objetivo de evitar desigualdades, como que un jubilado con altos ingresos terminara pagando menos por sus medicamentos que un trabajador con un salario bajo.
Con la finalidad de, según palabras de la ministra “proteger a las rentas más bajas”, el borrador planteaba la creación de nuevos tramos para personas con ingresos anuales de hasta 9.000 euros y entre 9.000 y 18.000 euros, quienes pagarían el 40 % del precio del medicamento. Para quienes ganaran entre 18.000 y 35.000 euros al año, el porcentaje subiría al 50 %. Por primera vez, se establecían límites mensuales de aportación, fijados en 8,27, 18,52 y 61,75 euros, respectivamente.
Para los ciudadanos con ingresos de entre 35.000 y 60.000 euros anuales, el copago sería del 55 %, mientras que quienes perciban entre 60.000 y 100.000 euros deberían asumir el 60 %. Finalmente, quienes superen los 100.000 euros pagarían el 65%. Estos tres últimos tramos no contarían con un tope mensual en su aportación.
Cambios en la entrega de medicamentos
El borrador de la nueva Ley del Medicamento indica que, si un medicamento forma parte de un grupo de opciones similares, el farmacéutico deberá preguntar al paciente cuál prefiere. El paciente podrá elegir cualquiera de los medicamentos cubiertos por el sistema público de salud (SNS). Si no tiene preferencia, el farmacéutico le dará el que cueste menos. Si el paciente elige una marca que no está financiada, solo tendrá que pagar la diferencia de precio con respecto al más barato subvencionado. Actualmente, en esos casos se paga el precio completo.
El texto también propone crear una nueva categoría: medicamentos de primera prescripción para enfermedades que aparecen de forma puntual pero se repiten, como la migraña. Esto permitiría a los pacientes conseguir su medicación directamente en la farmacia, sin tener que ir al médico cada vez, durante un tiempo determinado y siempre con el consejo del farmacéutico.
Además, la ley permitirá que los farmacéuticos puedan entregar otro medicamento equivalente (de una lista oficial que se actualizará cada seis meses) si hay problemas de suministro. Así se evitará que el paciente tenga que volver al centro de salud para que el médico cambie la receta.
Enfermeros y fisioterapeutas podrán recetar medicamentos
El Ministerio de Sanidad considera fundamental fortalecer un modelo de prescripción que aproveche tanto la formación como la experiencia de todos los profesionales sanitarios cualificados, con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de salud. Por ello, la nueva propuesta legislativa amplía el número de profesionales autorizados para prescribir tratamientos. Así, enfermeros y fisioterapeutas podrán recetar medicamentos a sus pacientes, siempre dentro de los límites de sus competencias.
Por ejemplo, las enfermeras podrían indicar antipiréticos para reducir la fiebre en pacientes hospitalizados, siguiendo ciertos protocolos, o recetar antibióticos tópicos para tratar úlceras. Hasta ahora, solo los médicos, odontólogos y podólogos tenían autorización legal para prescribir medicamentos en España, según lo establecido en la actual Ley del Medicamento.
Además, en el apartado dedicado a la mejora de funciones profesionales, el borrador de la Ley del Medicamento contempla la creación de Consejos de Coordinación Farmacoterapéuticos. Estos consejos reunirán a profesionales de los centros de salud y de las farmacias comunitarias dentro de cada Zona Básica de Salud. Su objetivo será coordinar la atención farmacéutica, abordando temas como la detección de efectos adversos, la mejora del tratamiento en pacientes con múltiples medicamentos, o la planificación ante posibles problemas de abastecimiento.
Añadir nuevo comentario