La Justicia madrileña investiga si hubo delito al permitir la manifestación del 8M

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La Justicia madrileña investiga si hubo delito al permitir la manifestación del 8M

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La Justicia de Madrid va a investigar al delegado del Gobierno en Madrid,

por varios delitos al permitir el pasado 8 de marzo

la manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

La manifestación se llevó a cabo pese a las advertencias

que días antes hizo el Centro Europeo para el control

y prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto unas diligencias penales para investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir el pasado 8 de marzo la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La marcha se llevó a cabo pese a las advertencias que días antes hizo el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.

Una denuncia en contra de Pedro Sánchez y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades

El abogado Víctor Valladares presentó una denuncia que iba dirigida, en primer lugar, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de este año, cuando se decretó el estado de alarma.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha recibido por reparto la denuncia contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por las razones ya mencionadas. Esta jueza es la misma que investigó a la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, por el caso de los másteres presuntamente falsos, asunto que está pendiente de juicio.

La jueza manifiesta "serias dudas" de que se trate de una prevaricación administrativa

Rodríguez-Medel ha abierto diligencias previas solo respecto al delegado de Gobierno de Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia. En una resolución dictada el pasado lunes y conocida hoy, la magistrada insta al denunciante a que, si lo estima procedente, traslade la denuncia ante los órganos competentes: los miembros del Gobierno ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el resto de delegados de Gobierno ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

En la denuncia se relata que en la Comunidad de Madrid hubo 77 reuniones multitudinarias a partir de 5 de marzo, entre ellas la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer, a la que asistieron numerosos miembros del Gobierno. La instructora ha admitido a trámite la denuncia al no apreciar, de inicio, que los hechos no puedan ser constitutivos de delito, aunque expresa muchas cautelas, entre ellas las derivadas de su provisional tipificación.

La jueza ha ordenado una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense

Asi, la jueza manifiesta "serias dudas" de que se trate de una prevaricación administrativa, aunque tampoco la descarta. "La calificación jurídica puede ser ésta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional aunque, a priori, sin perjuicio de que se recabe dictamen pericial forense sobre este particular, la relación de causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una perspectiva técnica", señala.

La jueza ha ordenado una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.

Un informe sobre las manifestaciones en Madrid y un atestado

Al médico forense adscrito al Juzgado le encarga que emita un informe sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración o cuándo fue notoria.

A la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid le encarga un atestado en el que se dé cuenta, entre otra cuestiones, de cuál fue el curso dado al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades: qué órgano lo recibió en España, si lo difundió entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.

La Guardia Civil informará si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas y si por las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno, se hizo advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios que conllevaba acudir a esas concentraciones.

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