La justicia europea obliga a reconocer el matrimonio homosexual en toda la UE

Durante años, cruzar una frontera dentro de la Unión Europea podía significar, para una pareja del mismo sexo, dejar de ser familia a ojos de la ley. Un matrimonio homosexual legalmente constituido en España o Bélgica podía convertirse en dos extraños sin vínculos legales al pisar suelo polaco o rumano. Esta anomalía jurídica, que vulneraba el principio básico de la libre circulación, ha recibido un golpe definitivo por parte de la justicia europea. Según informa Efeminista, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia clara y contundente: todos los países miembros deben reconocer el matrimonio homosexual celebrado en otro estado de la UE, al menos en lo que respecta a los derechos de residencia y libre movimiento.

Este fallo no es solo una victoria técnica sobre visados y permisos; es un triunfo de los derechos humanos y de la dignidad. La justicia europea viene a decir que el concepto de "familia" en el derecho comunitario es único, inclusivo y está por encima de las sensibilidades conservadoras de los gobiernos nacionales cuando se trata de ejercer derechos fundamentales.

La libre circulación como llave maestra de los derechos

El argumento central del Tribunal de Luxemburgo no se basa en imponer una definición de matrimonio a cada país, sino en proteger uno de los pilares de la UE: la libertad de circulación. Si un ciudadano europeo (por ejemplo, un rumano) se casa con un ciudadano no comunitario (por ejemplo, un estadounidense) en un país donde es legal hacerlo (como Bélgica), ese matrimonio homosexual genera unos derechos.

Si esa pareja decide mudarse a Rumanía y el Estado rumano se niega a reconocer al marido estadounidense como "cónyuge" para darle el permiso de residencia, en la práctica está castigando al ciudadano rumano por ser gay, impidiéndole volver a su país con su familia. El TJUE establece que el término "cónyuge" en la directiva europea sobre libre circulación es neutro desde el punto de vista de género y debe aplicarse a todos por igual. Negar este reconocimiento obstaculiza la libertad de movimiento, y eso es ilegal en el mercado común.

Un mandato para los países que no legalizan el matrimonio homosexual igualitario

La sentencia tiene una lectura política profunda. Actualmente, la Unión Europea está dividida en dos velocidades respecto a los derechos LGTBI. Mientras la mayoría de países occidentales tienen matrimonio homosexual igualitario pleno, varios estados del este (como Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria) no solo no lo permiten, sino que en algunos casos lo prohíben constitucionalmente o solo aceptan uniones civiles limitadas.

¿Obliga esta sentencia a Polonia a legalizar las bodas gais? No. La competencia sobre el matrimonio homosexual sigue siendo nacional. Polonia puede seguir sin casar a parejas del mismo sexo en sus ayuntamientos. Sin embargo, lo que ya no puede hacer es ignorar la realidad jurídica de otros países socios. Si una pareja llega casada de España, Polonia debe reconocer ese matrimonio a efectos de conceder la residencia al cónyuge extracomunitario. Es una distinción sutil pero vital: no se impone el matrimonio, pero se impone el respeto a los derechos adquiridos en otro lugar de la Unión. Esto abre una brecha en el muro de discriminación de los países más restrictivos.

El fin de la incertidumbre para las familias diversas

Para las familias afectadas, esta decisión supone pasar de la incertidumbre a la seguridad. Hasta ahora, muchas parejas del mismo sexo evitaban aceptar trabajos o traslados a ciertos países de la UE por miedo a quedar en un limbo legal, donde el cónyuge no comunitario podía ser deportado o perder su acceso a la sanidad al no ser reconocido como familiar.

La sentencia (que tiene su origen en el famoso caso Coman, pero cuya jurisprudencia se consolida y amplía) envía un mensaje de igualdad. Las familias arcoíris son familias de pleno derecho en el territorio europeo. Aunque queda mucho camino por recorrer para la equiparación total en materia de adopción o fiscalidad en todos los estados, este reconocimiento del matrimonio homosexual garantiza el suelo mínimo: el derecho a estar juntos y a vivir en cualquier rincón de Europa sin que el amor sea un obstáculo administrativo. La justicia europea ha recordado a los estados miembros que los prejuicios nacionales no pueden recortar las libertades comunitarias.