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El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda vuelta, el proyecto de la nueva Ley Reguladora del Derecho a la Rectificación, una norma que viene a reemplazar a la legislación vigente desde 1984. Con esta decisión, el Ejecutivo da un paso más en la actualización del marco legal de la Ley de Rectificación que protege a los ciudadanos frente a informaciones inexactas o falsas, incorporando de manera expresa la realidad del actual ecosistema digital. Tras su aprobación en el Consejo, el texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
La principal novedad de la reforma es que amplía el alcance del derecho a la rectificación más allá de los medios de comunicación tradicionales, incluyendo a plataformas en línea y redes sociales. En este nuevo escenario, los denominados “usuarios de especial relevancia”, comúnmente conocidos como influencers, también estarán obligados a rectificar informaciones incorrectas que publiquen en sus canales digitales.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue el encargado de detallar el contenido de la reforma durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según explicó, el objetivo central de la nueva ley es adaptar el derecho a la rectificación a los nuevos medios de comunicación existentes, reforzar su efectividad real y mejorar la rapidez y eficacia del procedimiento judicial que se activa cuando una rectificación es solicitada, pero no aceptada por quien difundió la información.
Bolaños subrayó que la proliferación de bulos y mentiras en el espacio público es un fenómeno cada vez más frecuente y, en ocasiones, más grave. En este contexto, defendió la necesidad de contar con una legislación que responda a un sistema informativo que ya no se limita a la prensa, la radio o la televisión, sino que se extiende a redes sociales y plataformas digitales con una enorme capacidad de influencia. Esta reforma en la Ley de Rectificación, añadió, se enmarca dentro del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno.
Redes sociales e influencers, dentro del ámbito de la Ley de Rectificación
Uno de los aspectos más destacados de la nueva Ley de Rectificación es la inclusión explícita de las plataformas en línea y las redes sociales como espacios donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho a exigir rectificaciones. En el caso concreto de los influencers, la ley establece criterios claros para determinar quiénes quedan sujetos a esta obligación.
Según detalló el ministro, se considerarán “usuarios de especial relevancia” aquellos que cuenten con más de 100.000 seguidores en una única red social o con más de 200.000 seguidores sumando todas sus plataformas. A partir de esos umbrales, estas personas estarán obligadas a rectificar informaciones falsas o inexactas que hayan difundido, del mismo modo que lo hacen los medios de comunicación.
La reforma de la Ley de Rectificación también introduce obligaciones prácticas tanto para medios digitales como para influencers. Todos ellos deberán disponer de un mecanismo accesible y claramente visible que permita a los ciudadanos enviar de forma sencilla una solicitud de rectificación. Con esta medida se busca facilitar el ejercicio efectivo de este derecho y evitar trabas innecesarias.
En cuanto a los plazos, la ley amplía el tiempo disponible para solicitar una rectificación. En el caso de los medios tradicionales, el plazo pasa de siete a diez días. Para los medios digitales y las redes sociales, el periodo se extiende hasta los 20 días, reconociendo así la naturaleza distinta y el ritmo de difusión propio del entorno digital.
Cambios en el procedimiento de solicitud
Otro cambio relevante afecta a la forma en que se presentan las solicitudes de la Ley de Rectificación. La nueva ley elimina la obligación de dirigir estas peticiones al director del medio de comunicación. A partir de ahora, bastará con remitir la solicitud directamente al medio para que este la gestione internamente.
En el caso de plataformas en línea y redes sociales, la solicitud deberá dirigirse a la persona que ejerza el control efectivo sobre el usuario o sobre la información publicada. Este ajuste pretende simplificar el proceso y hacerlo más accesible para los ciudadanos.
Rectificación en el caso de personas fallecidas
La Ley de Rectificación también contempla supuestos relacionados con personas fallecidas. En estos casos, el derecho a solicitar una rectificación podrá ser ejercido por sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja. Asimismo, podrán hacerlo aquellas personas que hayan sido designadas expresamente para tal fin.
Con esta reforma, el Gobierno busca reforzar las garantías frente a la desinformación y adaptar un derecho fundamental a una realidad comunicativa profundamente transformada, en la que la influencia y el alcance de un mensaje ya no dependen únicamente de los medios tradicionales, sino también de actores individuales con gran proyección en el ámbito digital.
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