Los menores migrantes no acompañados podrán rechazar su traslado entre Comunidades 

En un cambio significativo que busca equilibrar la solidaridad territorial con los derechos individuales, los menores migrantes no acompañados que lleguen a España tendrán, por primera vez, la potestad de oponerse a su traslado a otra comunidad autónoma. Esta medida, que se aplicará a los jóvenes de 16 y 17 años, introduce el principio del consentimiento informado en un proceso hasta ahora gestionado principalmente por las administraciones, y supone un giro en la política de protección a la infancia del país.

La decisión llega en un momento de máxima tensión, con el sistema de acogida de regiones como Canarias, Andalucía o Ceuta desbordado por la llegada incesante de cayucos y pateras. El debate sobre un reparto obligatorio de estos menores migrantes entre todas las comunidades autónomas para aliviar la presión sobre los territorios fronterizos está en el centro de la agenda política. La introducción de este "derecho a veto" por parte de los propios menores añade una nueva y compleja variable a esta ecuación, poniendo el foco no solo en la logística de la acogida, sino en la voz y el arraigo de los propios protagonistas.

Del traslado administrativo al consentimiento informado: ¿qué cambia exactamente?

Hasta ahora, el traslado de menores migrantes no acompañados desde su comunidad de llegada a otra con más recursos o plazas disponibles era una decisión eminentemente administrativa. Se basaba en criterios de disponibilidad y en acuerdos interterritoriales, y aunque se buscaba el bienestar del menor, su opinión no era un factor vinculante.

El nuevo protocolo cambia esta dinámica de raíz. Para los menores de 16 y 17 años, se establece la obligatoriedad de recabar su consentimiento antes de efectuar un traslado. No se trata de una simple pregunta, sino de un proceso garantista. Los equipos de servicios sociales y los tutores legales del menor deberán informarle de manera clara y adaptada sobre las implicaciones del traslado: las ventajas del nuevo destino (mejores recursos formativos, un centro menos masificado) y las desventajas (dejar atrás a los amigos o educadores con los que ha creado un vínculo).

La negativa del menor deberá ser respetada, siempre y cuando se considere que es una decisión meditada y que responde a su "interés superior", principio rector de toda la legislación sobre infancia. Este cambio alinea la política de acogida española con tratados internacionales que reconocen el derecho de los menores, especialmente de los más cercanos a la mayoría de edad, a ser escuchados y a participar en las decisiones que afectan directamente a sus vidas.

La solidaridad interterritorial y la presión sobre Canarias

Esta medida no puede entenderse sin analizar la crisis humanitaria que se vive en las Islas Canarias. El archipiélago acoge a miles de menores migrantes, una cifra que excede con creces la capacidad de sus recursos. Desde hace años, tanto el Gobierno canario como el central instan al resto de comunidades a cumplir con el principio de solidaridad interterritorial, asumiendo la tutela de una parte de estos jóvenes.

La discusión sobre si este reparto debe ser voluntario u obligatorio ha generado un profundo enfrentamiento político. La nueva norma que da voz a los menores migrantes podría complicar aún más la gestión de estos traslados. ¿Qué ocurrirá si un número significativo de jóvenes se niega a abandonar Canarias, donde han establecido sus primeras redes de apoyo? Esto podría intensificar la presión sobre los servicios sociales canarios y obligar a replantear la estrategia, pasando de un modelo basado en la redistribución de personas a uno enfocado en la redistribución de recursos económicos y personal especializado hacia las zonas de llegada.

La voz del menor: implicaciones para la Integración y los Derechos Humanos

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la medida ha sido aplaudida por numerosas ONG que trabajan sobre el terreno. Otorgar este poder a los jóvenes es un acto de reconocimiento de su dignidad y su capacidad de agencia. No son paquetes que se puedan mover en un mapa, son personas con vínculos, miedos y esperanzas.

Un portavoz de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) lo explica: "Un traslado, aunque sea a un centro con mejores instalaciones, puede suponer un segundo desarraigo para un chico que ha tardado meses en construir una amistad o en confiar en un educador. Respetar su decisión de quedarse, si así lo desea, es fundamental para su proceso de integración y su bienestar emocional". El arraigo se convierte así en un factor clave. Los lazos afectivos, el inicio de una formación profesional o la cercanía a compatriotas son motivos poderosos para los menores migrantes prefieran quedarse en un entorno conocido, aunque sea con menos recursos.

El desafío, ahora, es doble. Por un lado, asegurar que el derecho a negarse no se convierta en una condena a permanecer en un centro masificado y sin los medios adecuados. Por otro, lograr un nuevo pacto de solidaridad entre comunidades que garantice una acogida digna en todo el territorio. La nueva política, en definitiva, eleva el estándar de respeto a los derechos de los menores migrantes, pero a la vez exige una mayor responsabilidad y coordinación de todo el sistema de protección.