¿Quién asesora a nuestros ministros? El muro de opacidad de los ministerios en España

En una democracia saludable, la transparencia no es una opción, es una obligación. Los ciudadanos tienen el derecho a saber quiénes ocupan los puestos de poder, cómo se gasta su dinero y, de forma crucial, quiénes son las personas que, desde la sombra, susurran al oído de los ministros e influyen en las políticas que afectan a todo el país. Sin embargo, en España, conocer la identidad de este "personal eventual" o de confianza se ha convertido en una carrera de obstáculos contra un muro de opacidad administrativa.

Una reciente investigación llevada a cabo por la Fundación Civio, una organización especializada en la vigilancia del poder, ha revelado una realidad alarmante: 18 de los 22 ministerios del Gobierno se niegan sistemáticamente a revelar los nombres de sus asesores. Esta negativa generalizada, amparada en una interpretación interesada de la ley, choca frontalmente con el espíritu de la Ley de Transparencia y con las reiteradas resoluciones del organismo que vela por su cumplimiento.

El "no" sistemático, un muro construido sobre excusas

La investigación de Civio fue directa: solicitaron a todos los ministros, a través del Portal de Transparencia, un listado con los nombres y apellidos del personal eventual a su cargo. La respuesta fue un "no" casi unánime. Solo cuatro ministerios —Defensa, Asuntos Exteriores, Inclusión y Transformación Digital— cumplieron con su obligación y facilitaron la información, demostrando que no existe ningún impedimento legal real para hacerlo.

El resto del Gobierno se atrincheró detrás de un argumentario variado, pero con un denominador común: la opacidad. La excusa estrella, utilizada por la gran mayoría, fue la protección de datos personales. Argumentan que revelar la identidad de los asesores de los ministros vulneraría su derecho a la privacidad, un razonamiento que, como veremos, ha sido desmontado en repetidas ocasiones.

Otras respuestas rayaron en la evasiva burocrática. Algunos ministros con sus ministerios al frente, se limitaron a remitir a los boletines oficiales donde se publican los nombramientos (un laberinto de difícil seguimiento para el ciudadano medio), mientras que otros directamente ignoraron la petición. Esta resistencia coordinada no parece casual, sino una estrategia deliberada para mantener a estas figuras clave lejos del escrutinio público.

El Consejo de Transparencia lo tiene claro: los nombres son públicos

La excusa de la protección de datos no se sostiene. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de la ley, ha emitido decenas de resoluciones en las que afirma de manera inequívoca que la identidad de los asesores de los ministros es información de carácter público.

Su razonamiento es aplastante:

1. Son personal público: Aunque sean de "confianza" y no funcionarios de carrera, son empleados del sector público, pagados con el dinero de todos los contribuyentes.
2. Sus sueldos ya son públicos: Paradójicamente, las retribuciones de los asesores sí son públicas y accesibles. Resulta absurdo argumentar que se protege la privacidad de una persona ocultando su nombre, pero no su salario.
3. Prevalece el interés público: La función de un asesor de los ministros no es meramente administrativa. Su labor de consejo y apoyo directo al ministro tiene una relevancia pública innegable. Conocer quiénes son es fundamental para que la ciudadanía y la prensa puedan ejercer un control democrático.

El CTBG considera que el interés público por conocer quiénes ocupan estos puestos de influencia supera claramente el derecho a la intimidad, ya que permite la rendición de cuentas y la vigilancia contra posibles irregularidades.

¿Por qué es tan importante saber quién asesora a los ministros?

La opacidad en torno a los asesores no es un asunto trivial. Es una barrera que impide a la ciudadanía responder a preguntas fundamentales sobre el buen gobierno.

• Prevención de conflictos de interés: ¿Tiene el asesor económico de un ministro un pasado como lobista para un gran banco? ¿Trabajó el asesor de sanidad para una farmacéutica? Conocer sus trayectorias es vital para detectar posibles conflictos de interés que puedan influir en la toma de decisiones.
• Control del nepotismo y el "enchufismo": La figura del asesor, al ser de libre designación, puede convertirse en una puerta de entrada a la administración para familiares o amigos del partido sin el mérito o la cualificación necesarios. La transparencia es la única herramienta para combatir estas prácticas.
• Garantía de idoneidad: Los ciudadanos tienen derecho a saber si las personas que aconsejan a los ministros en materias tan complejas como la energía, la economía o la política exterior tienen la formación y la experiencia adecuadas para el puesto.

La negativa de la mayoría de los ministerios a ser transparentes no es una simple anécdota burocrática. Es un síntoma de una cultura de opacidad que socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En una democracia madura, la regla debería ser la luz y el taquígrafo, no las excusas y los despachos cerrados.