Así regulan los países de la UE la edad de acceso de los menores a las redes sociales

El impacto de las redes sociales en los menores de edad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para legisladores y familias en toda Europa. La exposición a contenido inapropiado, los riesgos para la salud mental y la adicción son problemas reales que han llevado a la Unión Europea a un intenso debate: ¿A qué edad debe permitirse que un niño tenga un perfil en una red social? La respuesta, sin embargo, no es única. Un reciente informe de Newtral.es detalla cómo, a pesar de un reglamento común, Europa es un mosaico de normativas que ahora tiende hacia un endurecimiento generalizado.

El problema es complejo porque choca con la realidad tecnológica. Plataformas como TikTok, Instagram o Snapchat establecen sus propios límites (generalmente en 13 años) para cumplir con la ley estadounidense (COPPA), pero la verificación de esa edad es, en la mayoría de los casos, una simple casilla que un menor puede falsificar fácilmente. Ante esta vulnerabilidad, los países de la UE buscan soluciones, aunque partiendo de un marco legal común que da mucho margen de maniobra: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El RGPD: 16 años como norma, 13 como excepción

El punto de partida legal para toda la Unión Europea es el RGPD (o GDPR en inglés). Este reglamento no regula directamente las redes sociales, sino algo más fundamental: el tratamiento de datos personales. Al registrarse en una plataforma, un usuario acepta que la empresa (Meta, Bytedance, etc.) recopile y utilice sus datos. El RGPD establece que un menor no puede dar este consentimiento por sí mismo.

La edad fijada por defecto en el RGPD para que un menor pueda dar este consentimiento es de 16 años. Sin embargo, el propio reglamento incluye una cláusula de flexibilidad crucial: permite a cada Estado miembro rebajar esta edad mínima hasta un límite de 13 años.

Esto es exactamente lo que ha creado el "mosaico" actual. Algunos países, como Alemania o Países Bajos, se quedaron con los 16 años por defecto. Otros, como Irlanda (donde tienen su sede europea la mayoría de las tecnológicas), Suecia o Dinamarca, la fijaron en 13 años. Y un tercer grupo, entre los que se encontraba España, optó por una vía intermedia, fijándola en 14 años. Por lo tanto, la edad legal real de acceso depende del país donde resida el menor, creando una notable fragmentación en el mercado único digital.

España y Francia lideran el endurecimiento en el acceso a redes sociales

El modelo flexible del RGPD se ha demostrado insuficiente para muchos gobiernos. La preocupación por la seguridad infantil ha provocado una nueva oleada regulatoria que busca, principalmente, dos cosas: elevar la edad mínima y asegurar que se cumpla.

España es uno de los países que lidera esta nueva tendencia. El Gobierno está tramitando una nueva ley que busca elevar la edad legal de consentimiento para el acceso a las redes sociales, de los 14 años actuales a los 16 años. Este movimiento sitúa a España en el grupo de países con una postura más proteccionista, alineándose con la edad base que proponía el RGPD.

No están solos. Francia ya ha implementado su propia legislación para reforzar el control sobre el acceso de los menores, y Dinamarca tiene sobre la mesa una propuesta para establecer la edad mínima en 15 años. Según el informe de Newtral.es, otros países como Grecia, Eslovenia y Chipre se han unido a las iniciativas de España y Francia, mostrando una clara tendencia continental hacia un mayor control. El consenso es que la autodeclaración de tener 13 años ya no es una garantía válida.

Verificación de edad y consentimiento paterno

Elevar la edad en un texto legal para acceder a redes sociales es solo la primera parte. El verdadero reto, y el centro del debate actual, es cómo hacerla cumplir. Si la edad sube a 16 pero el método de registro sigue siendo una casilla de "Sí, tengo 16 años", la ley será ineficaz.

Aquí es donde entran las nuevas propuestas. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ha propuesto medidas que, aunque mantienen la edad en 13 años, exigen que esta esté sujeta a un consentimiento parental explícito. Esto significa que los padres o tutores deberían verificar y autorizar activamente la creación de la cuenta.

El siguiente paso, y el más complejo tecnológica y legalmente, es la verificación de la edad. Se están explorando métodos que van desde la solicitud del documento de identidad (algo que choca con la privacidad) hasta sistemas de verificación biométrica facial (que estiman la edad) o el cruce de datos con administraciones. Encontrar un sistema que sea fiable, respete la privacidad y no sea excesivamente intrusivo es el gran desafío que definirá si esta nueva oleada de regulación en redes sociales tiene éxito o no.