Más del 60 % de las peticiones de eutanasia responden a enfermedades neurológicas y cáncer

El Sistema Nacional de Salud (SNS) continúa adaptándose a la implementación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Según el reciente ‘Informe Anual de 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir’ publicado por el Ministerio de Sanidad, un total de 426 personas recibieron la prestación el pasado año. Estas cifras reflejan no solo la evolución de un nuevo derecho sanitario, sino también la complejidad de un procedimiento que busca garantizar la autonomía del paciente con todas las garantías legales y clínicas.

A lo largo de 2024, se finalizaron 929 procesos, de los cuales 803 fueron solicitudes nuevas. El informe destaca que las prestaciones efectivas supusieron el 45,86 % del total de expedientes resueltos. Este dato confirma que la eutanasia se ha integrado de manera progresiva en la cartera de servicios públicos, ofreciendo una respuesta a quienes padecen sufrimientos intolerables debido a enfermedades irreversibles.

Perfil del solicitante y balance de la eutanasia en el sistema sanitario

El perfil de quienes solicitan esta ayuda es mayoritariamente senior. El 75,89 % de los procesos correspondieron a pacientes de más de 60 años, siendo el grupo de mayores de 80 años el más frecuente, con un 27,77 % de los casos. En cuanto a las patologías que motivan la petición de la eutanasia, las enfermedades neurológicas (32,51 %) y las oncológicas (29,71 %) siguen siendo las causas predominantes, sumando juntas más del 62 % de las situaciones registradas.

Resulta relevante que, aunque la mayoría de los ciudadanos inician el proceso con plena capacidad de hecho, un 5,49 % de los casos (51 procesos) se activaron mediante instrucciones previas o testamento vital. Esto subraya la importancia de la planificación anticipada de los cuidados para asegurar que la voluntad del paciente se respete incluso cuando ya no puede expresarla por sí mismo.

Denegaciones, reclamaciones y el derecho a la revocación

No todas las solicitudes presentadas terminan en prestación. En 2024 se registraron 141 denegaciones por no cumplir con los requisitos estrictos de la ley. Sin embargo, el sistema cuenta con mecanismos de revisión: de los informes desfavorables, 75 fueron reclamados ante la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), lo que permitió que 20 personas finalmente vieran reconocido su derecho a la eutanasia tras una segunda valoración más exhaustiva.

Un dato llamativo es el aumento de las revocaciones. El pasado año, 54 personas decidieron dar marcha atrás voluntariamente en su solicitud, el doble que el año anterior. De ellas, 9 pacientes renunciaron incluso después de haber obtenido la aprobación definitiva. Este fenómeno demuestra que el simple hecho de saber que existe la opción de la eutanasia proporciona a algunos pacientes una tranquilidad suficiente para decidir seguir adelante con los cuidados paliativos hasta el final natural.

Tiempos de espera y el compromiso con la donación de órganos

La gestión de los tiempos sigue siendo uno de los retos del Ministerio. El tiempo medio desde la primera solicitud hasta la resolución fue de casi 53 días. En situaciones críticas, 117 médicos responsables decidieron acortar los plazos legales ante el riesgo inminente de que el paciente perdiera su capacidad cognitiva. Lamentablemente, 308 personas (un 33 %) fallecieron antes de que el proceso administrativo pudiera completarse, a menudo porque la propia enfermedad avanzó más rápido que los plazos de evaluación.

Por último, el informe destaca un aspecto profundamente solidario: la donación de órganos tras recibir la eutanasia. En 2024, 63 personas decidieron donar sus órganos, lo que eleva a 156 el total de donantes desde que la ley entró en vigor en 2021. Este gesto altruista ha permitido realizar 459 trasplantes, beneficiando a 442 personas y dotando de un nuevo sentido de generosidad a este derecho final.