Las personas con discapacidad intelectual en Canarias en riesgo por la inacción de su Gobierno

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27/12/2024 - 16:00
Personas con discapacidad intelectual

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Plena inclusión Canarias, organización que agrupa a 28 entidades dedicadas a apoyar a más de 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, junto con sus familias, ha anunciado una serie de movilizaciones para denunciar la insuficiente financiación de las plazas de dependencia destinadas a este colectivo en las Islas Canarias.

Este problema, calificado como un desfase histórico, amenaza el bienestar de 2.030 personas que dependen de estos servicios fundamentales.

La organización ha comunicado que estas movilizaciones se llevarán a cabo durante los tres últimos lunes de enero en las sedes de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de estas acciones es visibilizar y presionar para obtener soluciones concretas ante un problema que ha persistido durante años sin una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

Un desfase histórico que pone en riesgo a miles de personas con discapacidad intelectual

Según declaraciones de Plena inclusión Canarias, llevan mucho tiempo solicitando incrementos progresivos en la financiación que permitan reducir la brecha entre el costo real de los servicios y los recursos asignados por el Gobierno. Pese a las numerosas reuniones mantenidas, incluyendo la última hace tan solo dos días, no han recibido respuestas satisfactorias. Ante esta situación, se han visto obligados a tomar medidas públicas para evitar una posible crisis económica en las entidades que gestionan estas plazas, lo que afectaría directamente a miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Actualmente, Plena inclusión Canarias gestiona 2.030 plazas públicas de dependencia, cuya viabilidad se encuentra comprometida debido al desfase entre el costo real de los servicios y la financiación recibida. Según la organización, este problema se ha agravado porque el Gobierno de Canarias no actualizó los costes correspondientes al año 2023, que incluían incrementos salariales como el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y el IPC (Índice de Precios al Consumo). La última actualización realizada, cobrada a principios de 2024, correspondía a los costos de 2022.

Además, el panorama es aún más complicado por las actualizaciones previstas para 2024 y los incrementos del 10 % en el convenio colectivo estipulados para enero de 2025. Todo esto eleva aún más el déficit histórico, lo que genera una presión insostenible sobre las entidades que ayudan a las personas con discapacidad intelectual.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión Canarias, ha hecho un llamado urgente al Gobierno para que concrete un plan de acción que permita solucionar este problema en los próximos tres o cuatro años. Según Laucirica, no se trata únicamente de garantizar incrementos presupuestarios para 2025, sino de establecer un compromiso real y sostenible para cerrar esta brecha financiera que afecta directamente a derechos fundamentales de personas con discapacidad intelectual.

Llamado a la acción: compromiso real del Gobierno de Canarias

La presidenta insiste en que las plazas de dependencia son servicios públicos reconocidos por la Ley de Servicios Sociales de Canarias y el Catálogo de Servicios y Prestaciones Sociales. Por lo tanto, representan derechos legales que el Gobierno tiene la obligación de garantizar.

En la primera legislatura del presidente Fernando Clavijo, este reconoció públicamente el problema de la infrafinanciación en el ámbito que tiene que ver con las personas con discapacidad intelectual y se comprometió a buscar soluciones. Sin embargo, a día de hoy, no se han materializado los cambios necesarios para resolver esta crisis.

Plena inclusión Canarias subraya que esta situación afecta la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad. Por ello, no pueden aceptar excusas ni demoras en la implementación de las soluciones requeridas. Con las movilizaciones previstas, buscan poner el foco en la responsabilidad de la Administración y en la necesidad de actuar con urgencia para garantizar el bienestar de miles de personas con discapacidad intelectual.

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