CERMI rechaza el uso del eufemismo diversidad funcional en documentos oficiales de Sanidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha manifestado su rotundo desacuerdo con el Ministerio de Sanidad por el uso de términos que considera inapropiados para referirse a este colectivo, como la palabra diversidad funcional.

En un comunicado emitido el pasado lunes, la plataforma reprochó al Ministerio que en un borrador de la Estrategia de Abordaje en el Sistema Nacional de Salud se ignorara el mandato constitucional del artículo 49, así como otras normativas vigentes, que establecen la obligatoriedad de utilizar siempre la expresión “personas con discapacidad” por parte de los poderes públicos.

La denuncia del CERMI surge a raíz de la reciente presentación del documento de la estrategia ministerial para la que se solicitaban aportaciones. En él, se observaron expresiones como diversidad funcional, una terminología que, según la organización, está vetada tanto por el nuevo artículo 49 de la Constitución como por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta situación ha generado una profunda preocupación, ya que el uso incorrecto de la terminología puede invisibilizar al colectivo y erosionar su dignidad.

El CERMI ha sido claro: no se puede permitir que un organismo público, y menos uno tan relevante como el Ministerio de Sanidad, incurra en este tipo de errores terminológicos. La plataforma insiste en que una comunicación precisa y respetuosa es fundamental para construir una sociedad inclusiva y para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean reconocidos y protegidos de manera efectiva.

Exigen al Gobierno una terminología correcta para la diversidad funcional

La denuncia del CERMI no es un simple capricho lingüístico; se trata de una cuestión de derechos y dignidad. La organización ha interpuesto una reclamación formal ante la Oficina de Atención a la Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales para que esta actúe de inmediato y obligue al Ministerio de Sanidad a rectificar el borrador. El objetivo es claro: asegurar que todos los departamentos de la Administración General del Estado se adhieran a las disposiciones normativas que vinculan a todos los poderes públicos, autoridades y agentes.

El término diversidad funcional, aunque en ocasiones se utiliza con una intención positiva, no es la expresión legalmente reconocida. El CERMI argumenta que su uso en documentos oficiales no solo es incorrecto, sino que además puede generar confusión y restar fuerza a las reivindicaciones del colectivo. La diversidad funcional es un concepto que busca alejarse del modelo médico de la discapacidad, pero no es el término aceptado en la legislación española, que ha optado por un enfoque más directo y claro: “personas con discapacidad”. Esta terminología, lejos de ser despectiva, está blindada por la Constitución y representa un avance significativo en la lucha por los derechos de este grupo.

El CERMI ha subrayado que una terminología apropiada es crucial para respetar la dignidad y la imagen social e individual de las personas con discapacidad. El uso de expresiones como la diversidad funcional puede, paradójicamente, desviar la atención de las barreras estructurales y sociales que enfrentan a diario.

La lucha por los derechos lingüísticos continúa

El CERMI ha hecho un llamado enérgico a todos los poderes públicos para que se atengan a las normativas vigentes. La organización ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales que ejerza una vigilancia estricta sobre el resto de los ministerios y departamentos, para que no vuelvan a cometer el mismo error. Este incidente subraya la necesidad de una mayor sensibilización y formación en el uso de un lenguaje inclusivo y correcto, no solo en la administración, sino en toda la sociedad.

La batalla por la terminología adecuada refleja la lucha más amplia por los derechos y la visibilidad. El uso de la expresión diversidad funcional por parte de Sanidad es visto como un retroceso en los avances logrados a lo largo de los años. El CERMI defiende que el respeto empieza por las palabras y que un lenguaje preciso es la base para una política pública efectiva. Por ello, la plataforma continuará su labor de fiscalización para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean siempre una prioridad y no se diluyan en eufemismos o terminologías incorrectas.