El Constitucional califica el ‘procés’ como una de las mayores crisis democráticas y respalda la amnistía

El Tribunal Constitucional ha dado un paso crucial en el debate jurídico y político sobre el procés y el conflicto catalán con la publicación del borrador de su sentencia sobre la ley de amnistía.

Este documento preliminar califica el ‘procés’ como “una de las mayores crisis institucionales y democráticas vividas por España desde la aprobación de la Constitución en 1978”. A la vez, el texto defiende la legalidad de la amnistía como una respuesta legítima del Estado para superar la tensión vivida.

Entre todos los motivos que han llevado al Partido Popular en su recurso a alegar que la ley de amnistía es "inconstitucional", hay uno muy ligado al contexto de su aprobación: la norma fue la oferta que se hizo a los independentistas como parte de una "transacción" en la que la contrapartida fue el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones del 23 de julio de 2023. 

Un marco de crisis excepcional

El borrador, que aún debe ser debatido y aprobado por el pleno del Tribunal, describe el ‘procés’ no solo como una crisis territorial, sino como un momento de ruptura del orden constitucional. Señala que hubo una “grave desobediencia” institucional por parte de responsables políticos de la Generalitat, lo que supuso un desafío directo a los pilares del Estado de derecho y la soberanía nacional.

En ese sentido, el documento reconoce que los acontecimientos de 2017 generaron un contexto excepcional que “justifica la aplicación de medidas excepcionales en el marco de la legalidad constitucional”, entre ellas, la amnistía como instrumento de pacificación y normalización institucional.

Justificación jurídica de la amnistía

La propuesta del Constitucional indica que la amnistía, aunque no esté explícitamente recogida en la Constitución, no puede considerarse contraria a ella si cumple con los principios de proporcionalidad, interés general y protección del orden democrático.

En palabras del texto, la medida busca “restaurar la convivencia política y social en Cataluña y en el conjunto de España”. Además, el borrador subraya que no hay obstáculo insalvable en la Carta Magna para aplicar una ley de estas características, siempre que sea debatida y aprobada por el Parlamento, como ya ha ocurrido.

Reacciones políticas y jurídicas a la crisis del 'procés'

El contenido del borrador ha generado un amplio debate político y mediático. Mientras sectores afines al Gobierno defienden la posición del Constitucional como una apuesta por el reencuentro y la estabilidad, otras voces, especialmente desde la oposición, critican lo que consideran una cesión política disfrazada de legalidad.

Los juristas más críticos advierten del precedente que podría sentar esta interpretación, al considerar que la amnistía se aleja del principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, otros expertos constitucionalistas apoyan la tesis del borrador, subrayando que las leyes deben responder a la realidad política, siempre dentro de un marco legal.

El resultado final de esta deliberación será clave para la aplicación efectiva de la ley de amnistía, que afecta a decenas de dirigentes, funcionarios y activistas relacionados con el referéndum y los hechos de 2017.