El fraude en fondos destinados a personas con discapacidad acorrala al Gobierno de Milei

La Justicia argentina está intensificando la investigación de una presunta red de sobornos que ha tocado directamente al Gobierno de Javier Milei. La trama se destapó hace apenas tres meses, cuando se filtraron audios de Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Estos audios sacaron a la luz un caso de fraude en la compra pública de medicamentos y otros insumos esenciales destinados a personas con discapacidad.

Spagnuolo, abogado y amigo personal del presidente ultraderechista, es uno de los 15 imputados en una causa que, según las estimaciones de la Fiscalía, habría logrado sustraer una cifra monumental de las arcas públicas: más de 48.000 millones de pesos (unos 33 millones de dólares).

La causa se puso en marcha con la difusión de las grabaciones, donde Spagnuolo afirmaba que existía un circuito de sobornos en torno a la compra de medicamentos con sobreprecios para personas con discapacidad, lo que le costó inmediatamente el cargo.

Una “organización delictiva” en detrimento de las personas con discapacidad

En su extenso dictamen, el fiscal Franco Picardi no solo corroboró la existencia de graves hechos de corrupción, sino que identificó una “organización delictiva, desplegada dentro de la ANDIS”. El fiscal subraya que esta estructura operaba “en detrimento de la administración pública nacional y un grupo poblacional, especialmente vulnerabilizado” como son las personas con discapacidad.

Aunque el fiscal no incluyó en su resolución detalles de los audios donde Spagnuolo se lamentaba de que una parte de los pagos fuera a manos de Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), ni las menciones a Eduardo Lule Menem y Martín Menem, el caso ha avanzado significativamente. Picardi ha evidenciado que las pruebas de corrupción en la ANDIS son robustas, sustentadas en allanamientos, la declaración de testigos, y las audiencias con los imputados.

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, ha intentado desestimar las grabaciones, alegando que “fueron modificadas con Inteligencia Artificial”, pero sin negar que la voz pertenezca a su defendido. Mientras tanto, la semana pasada, Spagnuolo se negó a responder preguntas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Picardi, desconociendo el esquema de pagos ilícitos a funcionarios por contratos con empresas farmacéuticas y proveedoras de insumos para la salud de personas con discapacidad. Fuentes judiciales sugieren que podría haber una segunda resolución antes de fin de año que extienda la línea de investigación, posiblemente incluyendo a la hermana del mandatario.

La figura central y el cierre del círculo

Uno de los personajes clave interrogados recientemente es Miguel Ángel Calvete, a quien Picardi ha descrito como el “articulador de la organización ilícita” y la figura central en el circuito de proveedores de la ANDIS. Calvete ya se encuentra en prisión por un delito anterior (explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en 2019).

Durante el allanamiento de su vivienda se obtuvieron registros cruciales, como cuadernos manuscritos con fechas, contactos, porcentajes de dinero y listas de empresas vinculadas, muchas de ellas proveedoras del organismo. Las repercusiones de este hallazgo alcanzaron incluso al Ministerio de Economía, donde la hija de Calvete, Ornella, tuvo que renunciar a su secretaría tras el descubrimiento de 700.000 dólares en efectivo en su casa. Su pareja, Javier Cardini, también dimitió de su cargo como subsecretario de Gestión Productiva.

La Fiscalía sostiene que la trama de corrupción se ejecutó mediante la manipulación de los procesos de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Este mecanismo habría permitido restringir la competencia e imponer un grupo selecto de proveedores que concentraron las adjudicaciones millonarias. El juez Casanello detalla en su resolución que las empresas Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93 % de 30.000 millones de pesos en medicamentos en licitaciones reducidas. De manera similar, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 % de los contratos de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, que son fundamentales para la calidad de vida de personas con discapacidad.

Implicaciones mayores y financiamiento ilícito

El círculo de imputados sigue creciendo. La semana pasada fue detenido otro exfuncionario, Pablo Atchabahian, señalado como una “pieza central” en la estructura que operaba decisiones administrativas y pagos direccionados. Atchabahian, ex director Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, se negó a comparecer y se le impuso prisión domiciliaria en Mendoza por riesgo de fuga. Las audiencias continuarán hasta el 5 de diciembre.

El Gobierno de Milei ha respondido a las acusaciones separando a Spagnuolo, interviniendo la ANDIS y ordenando una auditoría interna.

Picardi no solo sigue el rastro del desfalco, sino también el del blanqueo de capitales, que se realizaba supuestamente a través de criptomonedas (vía la aplicación Neblockshain) y la compra de horas de vuelo a Baires Fly, una empresa vinculada a Sergio Mastropietro. Picardi identifica a Mastropietro como el operador financiero de confianza de Calvete. El apellido Mastropietro, socio de un empresario recientemente extraditado a Estados Unidos, actúa como un vínculo directo entre el escándalo de la agencia de personas con discapacidad y otro de los casos más sensibles para el Gobierno ultra: la financiación ilegal de la campaña del candidato José Luis Espert en 2019.