El Gobierno prevé aprobar en 2026 la primera ley específica contra la violencia vicaria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha puesto fecha al retorno del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria al Consejo de Ministros. Según las estimaciones de su departamento, el texto volverá para su aprobación formal en segunda vuelta entre los meses de enero y febrero de 2026, abriendo así el camino para su posterior tramitación parlamentaria. Este paso es fundamental para dotar al ordenamiento jurídico de una herramienta específica y pionera en la lucha contra esta forma de agresión.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria es aquella que se ejerce por parte de un progenitor contra sus propios hijos e hijas como instrumento para dañar, controlar y manipular a la madre. En esencia, el agresor utiliza a las personas más queridas por la víctima principal (los hijos) para infligir el mayor dolor posible a la mujer, convirtiéndolos en meros objetos de la violencia machista.

Redondo, en una entrevista con Servimedia, recalcó la voluntad del Gobierno de ser "coherente" y de acatar las recomendaciones y sugerencias de los órganos consultivos del Ejecutivo antes de dar el pistoletazo de salida definitivo. Esta apertura al diálogo y a la mejora del texto responde a las observaciones recientes emitidas por instituciones clave.

El pasado miércoles, el Consejo Económico y Social (CES) señaló una "falta de coherencia" en la redacción inicial del anteproyecto. En concreto, el organismo advirtió sobre la posible colisión entre los apartados 2 y 4 del artículo 1 de la actual Ley contra la Violencia de Género y el nuevo proyecto de violencia vicaria. Por ello, el CES instó al Gobierno a una "armonización de la redacción del texto" para garantizar la claridad y la correcta aplicación de la futura norma.

La ministra se mostró receptiva y abierta a integrar tanto el informe del CES como los que puedan emitir otras instituciones cruciales para el desarrollo legislativo, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo Fiscal. Redondo ve estos informes como "enriquecedores" y necesarios para "ajustar" el texto inicial al resto del marco normativo vigente.

A pesar de la disposición a ser flexibles en la redacción, la ministra defendió con firmeza la esencia del proyecto. Insistió en que se trata de una ley "pionera" y sin "ningún precedente", destacando que es un texto "muy consensuado socialmente". Para su elaboración, el Ministerio mantuvo reuniones con especialistas de las cátedras de género de diversas universidades, lo que dota al anteproyecto de una sólida base técnica y académica sobre la violencia vicaria.

“Quien lance bulos sobre las pulseras se verá con el Ministerio”

Otro punto destacado de la entrevista fue la polémica generada en torno a los fallos técnicos del sistema Cometa, gestor de las pulseras antimaltrato. La ministra reveló que los servicios jurídicos de su departamento "están estudiando" qué tipo de acciones legales se podrían emprender contra quienes lancen “bulos” y desinformación sobre el funcionamiento de estas pulseras, como la afirmación de que se adquieren en plataformas online de bajo coste.

Redondo lanzó una seria advertencia: "quien vuelva a realizar esas afirmaciones que son mentira, se tendrá que ver con el ministerio en los tribunales". La ministra arremetió de forma directa contra el vicesecretario de Igualdad del Partido Popular, Jaime Miguel de los Santos, por utilizar este "bulo" con el fin de generar "confrontación política".

La titular de Igualdad relató las dificultades que tuvo con el diputado popular durante las últimas crisis del sistema Cometa, reprochándole que, en el fallo del 11 de noviembre, De los Santos no atendió sus llamadas para explicarle la situación técnica. La ministra le recriminó su falta de "compromiso" en un tema tan sensible.

En relación con un fallo anterior, Redondo explicó que, en esa ocasión sí habló con el diputado, pero que su "única preocupación" era que no se "culpara al anterior ministerio" debido a que el contrato se había firmado durante el mandato de la exministra Irene Montero. La ministra concluyó que el diputado popular no es un "hombre de fiar" en esta materia. Es crucial evitar que la desinformación dañe la credibilidad de herramientas esenciales en la lucha contra la violencia vicaria y la violencia de género.

Nuevos horizontes en la lucha contra la violencia machista

Mirando al futuro, la ministra manifestó su intención de impulsar una ley específica contra la violencia económica que padecen muchas mujeres. El objetivo de esta normativa es ofrecer "alternativas" reales a las víctimas, facilitando el acceso a un empleo "digno" o a una "solución habitacional" efectiva, especialmente teniendo en cuenta que la vivienda es un "gran problema" social. Redondo recordó el dato alarmante de que casi el 70 % de las mujeres asesinadas por violencia machista no eran "autónomas económicamente", subrayando la importancia de la independencia financiera para la seguridad.

Finalmente, la ministra expresó su honda preocupación por las "ideologías reaccionarias" de la ultraderecha, que, a su juicio, buscan "transformar la democracia en autoritarismos". Si bien reconoció la necesidad de "revisar" y hacer "autocrítica" en la esfera política de la izquierda, sentenció que la prioridad es combatir estas corrientes para proteger a los jóvenes.

Para finalizar, la ministra anunció que el próximo 3 de diciembre se presentarán los resultados de una macroencuesta sobre violencias machistas y su prevalencia, en la que participaron 10.000 mujeres mayores de 16 años. Este estudio permitirá obtener una "visión certera" de la situación social actual en materia de violencia vicaria y demás agresiones machistas.