El Gobierno aumenta a 783 millones la aportación para la dependencia en 2025

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinará más de 783 millones de euros a las comunidades autónomas para apoyar la financiación del sistema de atención a la dependencia.

Así lo confirmó este pasado jueves el equipo que encabeza Pablo Bustinduy en un comunicado tras la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales, donde se presentó a los gobiernos autonómicos la propuesta de distribución territorial del denominado ‘nivel acordado de protección’, que determina una parte de la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Récord de fondos para la dependencia

Según detalló el Ministerio, durante 2025 esta aportación alcanzará los 783.197.420 euros, alcanzando por tercer año consecutivo la cifra más elevada para esta categoría de financiación. El equipo de Bustinduy precisó que estos fondos serán entregados a cada comunidad autónoma a través de convenios firmados entre ambas partes, y servirán para reforzar la cobertura de los servicios de atención a personas en situación de dependencia en cada territorio.

También recordó que esta cantidad récord para el nivel acordado se mantiene desde 2023, año en que fueron aprobados los últimos Presupuestos Generales del Estado. De este modo, “se consolida” la inversión estatal destinada a garantizar y fortalecer el SAAD, tras la desaparición de esta categoría de financiación en 2012, como consecuencia de un recorte que supuso la retirada de alrededor de 5.000 millones de euros en fondos estatales para el SAAD.

Recuperación en 2021

“Fue en 2021 cuando el Gobierno de España decidió reactivar este nivel de financiación, asignando para ello una cantidad de 283 millones de euros. A partir de ese momento, la aportación estatal al nivel acordado inició una trayectoria de crecimiento que casi la ha triplicado en la actualidad”, señaló el Ministerio de Derechos Sociales.

La distribución de estos fondos entre las comunidades autónomas sigue criterios técnicos y demográficos establecidos en el Plan de Choque para relanzar el SAAD, aprobado por los propios gobiernos autonómicos en un Consejo Territorial celebrado el 15 de enero de 2021.

En este acuerdo se incluyeron diferentes indicadores para valorar el esfuerzo de cada comunidad en la mejora de la calidad de los servicios de dependencia, lo que determina que la asignación para cada territorio pueda variar de un año a otro.

Así, los criterios de reparto quedan organizados en cuatro fondos diferenciados para 2025: 145,8 millones para el Fondo de estructura, 175 para el Fondo de gestión, 262,4 para el Fondo de cumplimiento de objetivos y 200 para el Fondo destinado a criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.

Niveles de protección

El nivel acordado es uno de los tres pilares en los que se organiza la financiación pública del SAAD. El primero es el nivel mínimo, asumido por la Administración General del Estado y calculado en función del número de personas en situación de dependencia que reciben prestación efectiva. En 2024 alcanzó los 2.628 millones de euros, 186 millones más que el año anterior.

El segundo es el nivel adicional, que depende íntegramente de cada comunidad autónoma. En total, la inversión estatal en dependencia alcanzó los 3.478 millones en 2024, triplicando los 1.130 millones que se destinaron en 2014.

Subvenciones del 0,7 %

Por otro lado, en la reunión del Consejo Territorial también se alcanzó un preacuerdo para distribuir entre las comunidades autónomas las llamadas subvenciones del 0,7 % para 2025.

Estos fondos provienen de la casilla de fines sociales de la Declaración de la Renta, y este año presentan dos datos destacados: por un lado, la asignación a las comunidades autónomas supera los 375 millones de euros y, por otro, la aportación derivada del impuesto de sociedades aumenta cerca de un 50 %.

Las subvenciones del 0,7 % están destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan contra la pobreza, la exclusión social y otras situaciones de vulnerabilidad. Se trata de entidades del Tercer Sector de Acción Social, con experiencia demostrada e implantación en los territorios donde operan.

Tal y como señaló el Ministerio de Derechos Sociales, estos fondos son vitales para garantizar la puesta en marcha de programas sociales en los que participan este tipo de organizaciones. El reparto de la financiación respeta criterios acordados en el Consejo Territorial, teniendo en cuenta factores como la presencia de cada entidad en el ámbito territorial correspondiente, su estructura interna y su capacidad de gestión.

Tras alcanzarse este preacuerdo, la propuesta será elevada al Consejo de Ministros para su autorización. Una vez superada esta fase, regresará al Consejo Territorial para recibir la ratificación definitiva.