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En un informe sobre vida sana y bienestar, el Secretario General de las Naciones Unidas pidió a los Estados proporcionar una cobertura universal de servicios de salud esenciales, incluidos los de salud sexual y reproductiva, a lo largo de toda la vida.
“La cobertura sanitaria universal es factible incluso en países relativamente pobres y puede proporcionar beneficios duraderos para la salud de la población y el crecimiento económico. Para que sea posible, las asignaciones financieras públicas nacionales destinadas a la salud deben aumentar drásticamente”, destaca el texto.
Presentado en el marco del 58 período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo que tiene lugar del 7 al 11 de abril en Nueva York, el informe indica que es fundamental abordar la salud con un enfoque sobre todo el ciclo de la vida: con inversiones en pediatría, la adopción de hábitos saludables durante la adolescencia y el acceso permanente a la atención preventiva y terapéutica para un envejecimiento saludable.
La financiación pública destinada a la salud debe aumentar drásticamente
La sanidad pública atraviesa un momento crucial. Organismos internacionales, expertos en salud y asociaciones profesionales coinciden en un mensaje claro: es imprescindible aumentar significativamente la financiación pública destinada al sistema sanitario si se quiere garantizar su sostenibilidad, calidad y accesibilidad. La pandemia de COVID-19 evidenció las debilidades estructurales del sistema, pero también puso de relieve su valor incalculable para la sociedad.
España, como otros países europeos, se enfrenta a una presión creciente sobre su sistema sanitario: envejecimiento poblacional, aumento de enfermedades crónicas, incremento de los costes en tecnología médica y falta de profesionales sanitarios. Todo esto exige más recursos y planificación a largo plazo.
Gasto sanitario: por debajo de la media europea
Según datos de la OCDE y Eurostat, España destina alrededor del 6,9 % del PIB a la sanidad pública, por debajo de países como Alemania (9,5 %) o Francia (9,2 %). Aunque el gasto per cápita ha aumentado en la última década, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de una población más envejecida y con mayores demandas asistenciales.
Además, buena parte del gasto en sanidad recae en las comunidades autónomas, que deben afrontar el mantenimiento de infraestructuras, la contratación de personal y la atención a millones de ciudadanos, muchas veces con presupuestos ajustados. Esta situación ha llevado a un aumento de las listas de espera, una sobrecarga del personal y un deterioro progresivo de la atención primaria, considerada la base del sistema sanitario.
Invertir en sanidad es invertir en el futuro
Aumentar la financiación no solo es necesario desde el punto de vista asistencial, sino también económico y social. Una población sana es más productiva, requiere menos bajas laborales y contribuye al desarrollo del país. Según la OMS, cada euro invertido en sanidad genera un retorno positivo en bienestar y crecimiento económico.
Además, destinar más recursos a la prevención y la atención primaria evita gastos mayores en el futuro, al reducir hospitalizaciones y complicaciones. Invertir en salud mental, tecnologías de atención remota, innovación médica y condiciones laborales dignas para los profesionales sanitarios son pilares imprescindibles para un sistema fuerte.
¿Qué medidas son urgentes?
Los expertos piden aumentar progresivamente la inversión pública en sanidad hasta alcanzar el 8 % del PIB, reforzar la atención primaria, impulsar la equidad territorial en los servicios y garantizar una planificación estratégica a largo plazo.
También se reclama una mayor transparencia en el gasto en sanidad y una colaboración más estrecha entre administraciones.
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