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El Parlamento británico ha marcado un antes y un después en la legislación sobre los derechos reproductivos de las mujeres al aprobar una reforma clave que despenaliza el aborto en cualquier etapa del embarazo en Inglaterra y Gales. Esta modificación se logró mediante una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía, que elimina la posibilidad de que las mujeres sean encarceladas por interrumpir voluntariamente su gestación fuera del marco legal anterior. La votación, que tuvo lugar en la Cámara de los Comunes, reflejó la sensibilidad del tema, con 379 votos a favor y 137 en contra.
A diferencia de otras legislaciones, esta enmienda fue sometida a voto libre, lo que permitió a los diputados decidir de acuerdo con sus convicciones personales, sin la obligación de seguir la línea partidaria. Esta libertad permitió una discusión más amplia sobre el alcance y la necesidad del cambio legal. La diputada laborista Tonia Antoniazzi fue la promotora de la enmienda, que ha sido calificada como un paso histórico hacia la justicia reproductiva.
Una reforma que no cambia el acceso al aborto, pero sí su penalización
Antes de esta reforma, la legislación vigente se remontaba a 1861, una norma de la era victoriana redactada por un Parlamento íntegramente masculino. Esta ley penalizaba el aborto fuera de ciertos parámetros específicos, pudiendo implicar incluso cadena perpetua para las mujeres involucradas.
A pesar de que estaba permitido hasta las 24 semanas con el consentimiento de dos médicos, fuera de este marco la mujer podía ser investigada y procesada penalmente.
Tonia Antoniazzi destacó que, aunque la mayoría de los abortos, aproximadamente el 99 % tienen lugar antes de la semana 20 de gestación, esta reforma está dirigida a proteger a ese 1% de mujeres que, en circunstancias desesperadas, recurren a interrumpir su embarazo fuera de los márgenes legales. Según ella, estos casos no deben ser tratados como crímenes, sino con comprensión, apoyo médico y psicológico.
Cabe destacar que la nueva disposición no implica modificaciones en la forma en que se prestan los servicios de aborto en Inglaterra y Gales. No altera los plazos legales, la necesidad de aprobación médica, ni los motivos por los que una mujer puede solicitar el procedimiento. Lo que cambia es la penalización: la reforma elimina el riesgo de arresto y prisión para las mujeres que abortan fuera del plazo legal, aunque las condiciones clínicas del servicio permanecen intactas.
La votación ha sido también reflejo de divisiones dentro del propio Partido Conservador. Su líder, Kemi Badenoch, votó en contra de la reforma junto a otros compañeros de partido, expresando su preocupación por los riesgos médicos que implica un aborto avanzado. Aseguran que cuanto más avanzado es el embarazo, mayores son las posibles complicaciones para la mujer.
Críticas desde sectores provida y cifras que muestran la magnitud del tema
El cambio legislativo ha sido criticado por organizaciones contrarias a esta práctica, como la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos. Esta entidad calificó la reforma de “extrema y peligrosa”, advirtiendo que representa una vía hacia la despenalización total del aborto, incluso en fases muy avanzadas de la gestación.
Sin embargo, los datos muestran que los abortos tardíos son una minoría. Según estadísticas oficiales, en 2022 se practicaron más de 250.000 abortos en Inglaterra y Gales. La gran mayoría se realizó dentro de las primeras 24 semanas, cumpliendo con las condiciones médicas exigidas por la ley.
Una reforma que prioriza la salud y los derechos de las mujeres
La aprobación de esta enmienda representa un cambio de paradigma en la manera en que el sistema legal británico aborda el aborto. Más allá de los argumentos éticos, políticos o médicos, esta modificación busca proteger a las mujeres en situaciones límite, evitando que sean criminalizadas por tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
La despenalización total del aborto en cualquier etapa del embarazo no implica un aumento en los procedimientos tardíos, como han insistido sus promotores, sino que asegura que aquellas pocas mujeres que recurren a él más allá del límite legal lo hagan sin el temor a ser tratadas como delincuentes. En definitiva, el Parlamento británico ha optado por un enfoque más compasivo, adaptado a las realidades actuales y alejándose de una legislación heredada de un siglo donde las mujeres no tenían voz ni voto.
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