Canarias unifica en todas las islas la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida 

Para las más de 42.000 personas con movilidad reducida que residen en Canarias, un gesto tan cotidiano como aparcar el coche podía convertirse, hasta ahora, en una auténtica odisea burocrática. Viajar de Gran Canaria a Fuerteventura por trabajo o de Tenerife a La Palma para una visita familiar podía suponer una fuente de incertidumbre: ¿será mi tarjeta de aparcamiento válida aquí? ¿Reconocerá el agente de este municipio un documento expedido en otro? Este caos, fruto de la existencia de hasta 88 modelos de tarjetas diferentes —uno por cada municipio del archipiélago—, ha llegado a su fin.

El Gobierno de Canarias, en una decisión largamente demandada por los colectivos de la discapacidad, ha aprobado el decreto que unifica en un modelo único la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR). Esta medida no es un simple cambio estético; es un salto cualitativo en materia de derechos, inclusión y simplificación administrativa que pone fin a una histórica fuente de desigualdades y confusión.

El fin de un laberinto burocrático, ¿por qué era tan necesaria esta unificación?

Hasta la aprobación de este decreto, la competencia para expedir una tarjeta de aparcamiento recaía exclusivamente en los ayuntamientos. Esto provocaba que cada uno de los 88 municipios canarios tuviera su propio diseño, formato y, en ocasiones, criterios ligeramente distintos. En la práctica, esto se traducía en una fragmentación administrativa que perjudicaba directamente al ciudadano.

Una persona con una tarjeta de aparcamiento expedida en La Laguna podía encontrarse con problemas para ser reconocida en un municipio turístico del sur de Tenerife, o un residente de El Hierro podía enfrentar dificultades al desplazarse a la capital para una cita médica. Esta situación generaba una inseguridad jurídica inaceptable y limitaba de facto la libertad de movimiento de las personas con movilidad reducida, contraviniendo el espíritu de una normativa que busca, precisamente, facilitar su plena participación en la sociedad. Organizaciones como el CERMI Canarias (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) llevaban años denunciando esta situación y han sido un actor clave en la consecución de este acuerdo.

Las claves del nuevo modelo: una tarjeta de aparcamiento para gobernarlas a todas

El nuevo decreto establece un marco común que todos los ayuntamientos deberán seguir. Aunque la competencia de expedición seguirá siendo municipal, el modelo de la tarjeta será idéntico en todo el archipiélago.

Las principales características de esta nueva tarjeta de aparcamiento unificada son:

• Formato único y reconocible: Se acabaron los diseños dispares. La nueva tarjeta tendrá un formato estandarizado que será fácilmente identificable por cualquier agente de la autoridad en cualquiera de las ocho islas.
• Validez garantizada en todo el archipiélago: El principal beneficio. La tarjeta expedida en cualquier municipio canario será automáticamente válida y de obligado reconocimiento en los otros 87.
• Homologación nacional y europea: El nuevo modelo se ajusta a las recomendaciones de la Unión Europea, lo que garantiza que la tarjeta canaria no solo será válida en la Península y Baleares, sino en todos los países miembros de la UE. Esto es un avance crucial para los residentes que viajan y para los miles de turistas con movilidad reducida que visitan las islas.
• Periodo de adaptación: Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de un año para adaptar sus procedimientos y empezar a expedir el nuevo modelo. Las tarjetas antiguas seguirán siendo válidas hasta su fecha de caducidad, momento en el cual serán renovadas ya con el formato unificado.

Más que un papel, este documento es un símbolo de autonomía y dignidad

La unificación de la tarjeta de aparcamiento es mucho más que una simple mejora administrativa. Es un acto de justicia que tiene un impacto directo en la vida diaria y en la autonomía de más de 42.000 personas.

Supone derribar una barrera invisible que dificultaba el acceso al empleo, al ocio, a los servicios sanitarios o, simplemente, a la vida social. Permite a una persona con movilidad reducida planificar un viaje entre islas con la misma tranquilidad que cualquier otro ciudadano, sin tener que preocuparse por si sus derechos de aparcamiento serán respetados en su destino.

Esta medida, por tanto, refuerza la cohesión territorial y social del archipiélago y posiciona a Canarias como una comunidad más moderna, empática e inclusiva. Es la prueba de que, a veces, las grandes mejoras en la calidad de vida de las personas no requieren de inversiones faraónicas, sino de voluntad política para simplificar la burocracia y poner, de verdad, al ciudadano en el centro.