La violencia económica consiste en limitar, suprimir o controlar el acceso de la pareja a recursos financieros para que dependan económicamente de la persona agresora.
En mayo de 2024, la Xunta de Galicia aprobó un protocolo obligatorio para proteger a los menores en el deporte. El delegado de protección se encarga de garantizar su seguridad, actuando en casos de acoso o violencia.
Un estudio de la Universidad de Barcelona revela que 1 de cada 4 adolescentes ha sufrido o presenciado violencia familiar en el último año, siendo la psicológica la más frecuente.
