05/12/2025 - 10:00
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una dura condena tras una operación israelí llevada a cabo el 1 de diciembre contra la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, una organización con sede en la Cisjordania ocupada. Según el organismo, lo ocurrido no solo refleja un episodio aislado, sino que forma parte de un patrón cada vez más alarmante de restricciones y ataques contra la sociedad civil palestina.
Una intervención violenta en Ramala y Hebrón
De acuerdo con la información recopilada por la Oficina, las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieron simultáneamente en las oficinas de la Unión en Ramala y en Hebrón, causando cuantiosos daños materiales y deteniendo a parte del personal que se encontraba en los edificios. Durante la redada, las personas presentes fueron sometidas a tratos degradantes: tuvieron que permanecer con los ojos vendados, esposadas y obligadas a mantener posiciones forzadas, arrodilladas o tumbadas en el suelo, durante varias horas.
En total, ocho hombres fueron arrestados en el operativo. La Oficina señaló que, pese a la gravedad de las medidas adoptadas, no se han presentado pruebas que justifiquen la actuación de las autoridades israelíes contra la sociedad civil palestina.
La Unión de Comités de Trabajo Agrícola opera legalmente bajo la legislación palestina y es una de las organizaciones más antiguas dedicadas a apoyar a agricultores y comunidades rurales en Cisjordania. Su labor se centra especialmente en quienes trabajan en zonas expuestas a la violencia de colonos o sujetas a riesgo de desplazamiento forzoso, dos fenómenos que han aumentado de manera significativa en los últimos años.
En 2021, Israel clasificó a esta y otras cinco ONG palestinas como “organizaciones terroristas”, basándose en una legislación que, según expertos de la ONU, es excesivamente amplia y puede ser utilizada para limitar actividades legítimas de la sociedad civil palestina. Desde entonces, las autoridades israelíes no han presentado documentación concluyente que respalde dicha designación, lo que ha generado críticas internacionales.
Una cosecha marcada por la violencia contra la sociedad civil palestina
La operación militar tuvo lugar en pleno desarrollo de la temporada de recolección de aceitunas, un periodo que suele ser especialmente sensible para las comunidades agrícolas palestinas. Sin embargo, este año ha sido descrito como el más violento registrado hasta la fecha.
A mediados de noviembre, la Oficina había documentado 167 ataques de colonos israelíes contra agricultores y aldeas palestinas, incidentes que afectaron a 87 comunidades. Las semanas previas a la redada estuvieron marcadas por un ambiente de hostigamiento continuo: colonos y líderes del movimiento asentado en Cisjordania lanzaron manifestaciones públicas de incitación y acusaciones dirigidas específicamente contra la Unión de Comités de Trabajo Agrícola.
El aumento de ataques no se ha limitado a los trabajadores del campo. Desde el 1 de octubre, la Oficina del Alto Comisionado ha registrado 81 incidentes perpetrados por colonos y fuerzas de seguridad israelíes contra defensores de derechos humanos, voluntarios encargados de acompañar a comunidades vulnerables y ONG que prestan apoyo en áreas amenazadas por la expansión de asentamientos.
Entre estos incidentes se contabilizan 48 arrestos o detenciones y 22 agresiones físicas. La organización internacional subraya que el uso desproporcionado de la fuerza, los malos tratos y las detenciones arbitrarias continúan siendo prácticas recurrentes en las operaciones de seguridad desarrolladas por Israel en la región contra la sociedad civil palestina.
Preocupación por el avance de los asentamientos
La ONU advierte que la combinación de estos hechos está reduciendo de forma acelerada el espacio cívico y físico de la sociedad civil palestina. La expansión constante de los asentamientos israelíes y lo que el organismo define como la “anexión ilegal” de partes del territorio incrementan la vulnerabilidad de las comunidades locales y limitan su capacidad de organización.
Ajith Sunghay, responsable de la Oficina del Alto Comisionado en el territorio palestino ocupado, recordó que la legislación internacional es clara al respecto. Señaló que Israel debe poner fin a su presencia en el territorio palestino ocupado y retirar a los colonos, siguiendo las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia.
Obligaciones internacionales de Israel
Sunghay insistió en que, como potencia ocupante, Israel tiene responsabilidades precisas establecidas por el derecho internacional humanitario. Entre ellas se encuentran la obligación de garantizar que los palestinos puedan ganarse la vida con seguridad y ejercer sin restricciones su libertad de expresión y de asociación.
El responsable de derechos humanos concluyó que la situación actual exige una respuesta firme de la comunidad internacional para proteger a las organizaciones de la sociedad civil palestina y asegurar que puedan continuar su labor sin temor a represalias, presiones o acusaciones infundadas.
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