La accesibilidad como obligación social y no como un servicio premium para pocos

En pleno siglo XXI, sigue existiendo un sorprendente debate sobre algo que debería ser obvio: la accesibilidad no es un lujo, sino un derecho. Sin embargo, algunos hoteles que cobran más por habitaciones adaptadas o productos que encarecen su versión inclusiva muestran que aún se percibe como un extra “premium”.

Cobrar por adaptaciones: un error común

En los últimos años, se han registrado casos preocupantes donde la accesibilidad se trata como un servicio “premium”. Algunos hoteles cobran más por habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, justificando el sobrecoste por la instalación de barras, duchas accesibles o puertas más anchas.

De forma similar, ciertos productos con diseño inclusivo, como electrodomésticos de interfaz simplificada o muebles ergonómicos, se venden a precios superiores. Este enfoque refleja una percepción equivocada: la accesibilidad no es un lujo opcional, sino una condición básica de igualdad.

Accesibilidad como derecho fundamental

Cobrar más por servicios accesibles contradice principios básicos de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU, establece que la accesibilidad debe garantizarse para permitir la participación plena en la sociedad.

Cuando una habitación adaptada cuesta más que una estándar, se crea una barrera económica que restringe el acceso de personas con discapacidad, perpetuando desigualdades históricas. Se penaliza así a quienes más necesitan medidas inclusivas.

Costes de adaptación y beneficios sociales

El argumento de que “los costes de adaptación son altos” necesita matices. La inversión inicial puede ser significativa, pero se amortiza a largo plazo. La inclusión beneficia a toda la sociedad: un hotel accesible puede atraer a más clientes, mejorar su reputación y cumplir con la normativa legal. Los productos inclusivos también abren nuevos mercados. Por ello, considerar la accesibilidad como un “extra” ignora estos beneficios sociales y económicos de un diseño universal

Entonces, ¿quién debe asumir los costes? La responsabilidad no debe recaer sobre la persona que necesita adaptaciones, sino sobre la sociedad en su conjunto. Varias empresas, instituciones y gobiernos tienen el deber de garantizar que lo accesible esté incorporado en edificios, servicios y productos.

Esto no es un regalo, sino una inversión en igualdad. Algunos países ya aplican normativas y subvenciones que permiten la adaptación sin trasladar el coste al usuario final, demostrando que es posible implementar medidas inclusivas sin crear barreras económicas.

Inclusión como estándar

La accesibilidad no puede ni debe ser un privilegio. Así, cobrar más por habitaciones adaptadas o productos inclusivos perpetúa estigmas y limita la participación plena de personas con discapacidad. Es necesario cambiar la narrativa, ya que la inclusión es un derecho universal y una responsabilidad colectiva.

Las empresas y los gobiernos deben asumir los costes de adaptación, y la sociedad debe reconocer que diseñar para todos no es un lujo, sino un estándar ético y legal. Solo así lograremos espacios, servicios y productos realmente accesibles, equitativos y justos.