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Diversas organizaciones ecologistas de ámbito estatal y autonómico, entre ellas Gen-GOB, GOB Mallorca, GOB Menorca, Mallorca Blue, SOS Costa Brava y SOS Mar Menor, han solicitado al Gobierno central una actualización urgente de la normativa que regula la navegación marítima. El objetivo es reforzar la seguridad en las costas y garantizar la conservación de los ecosistemas marinos, que se ven cada vez más amenazados por la actividad náutica descontrolada y el turismo masivo.
Propuestas para mejorar la normativa marítima por la protección de costas
Las entidades han presentado un documento conjunto con varias propuestas dirigidas a modificar el Reglamento General de Costas y otras normativas vinculadas al tráfico marítimo. Estas medidas buscan reducir los riesgos para los bañistas y navegantes, proteger la biodiversidad marina y mejorar la gestión medioambiental del litoral español.
Uno de los puntos centrales del documento es la reducción de la velocidad máxima permitida a las embarcaciones a motor. Se propone limitar la velocidad a 5 nudos en los primeros 300 metros desde la costa, con el fin de:
- Minimizar el riesgo de accidentes entre embarcaciones y bañistas.
- Disminuir el impacto acústico sobre la fauna marina, especialmente en áreas donde habitan especies sensibles.
- Reducir la contaminación atmosférica y acústica en las playas, mejorando la calidad ambiental y la experiencia de los visitantes.
Restricciones al fondeo de embarcaciones
Otra de las medidas clave planteadas es la prohibición del fondeo de embarcaciones a menos de 50 metros de las playas y a menos de 20 metros en zonas no balizadas. Esta restricción para la protección de costas busca:
- Prevenir accidentes y riesgos para los bañistas, especialmente en zonas de alta afluencia turística.
- Evitar daños a los ecosistemas marinos, protegiendo hábitats esenciales como los fondos de posidonia, fundamentales para la biodiversidad y la estabilidad de los fondos marinos.
Mecanismos de vigilancia y control
Para garantizar el cumplimiento de estas nuevas medidas por la protección de costas, las organizaciones ecologistas han reclamado mecanismos efectivos de vigilancia y control en el dominio público marítimo-terrestre. Además, exigen que sea obligatorio el uso de cartografía oficial de hábitats protegidos, lo que permitiría identificar con precisión las zonas de especial protección y evitar daños innecesarios a especies marinas vulnerables.
Revisión de la normativa sobre licencias de navegación
Las asociaciones también han solicitado la eliminación de la excepción contemplada en el Real Decreto 875/2014, que permite gobernar embarcaciones de hasta 5 metros de eslora y 15 CV de potencia sin necesidad de titulación náutica. Según los grupos ecologistas, esta excepción ha generado un aumento en el número de accidentes, poniendo en riesgo tanto a los usuarios de las embarcaciones como a la fauna marina y a otros bañistas.
Adaptación de la legislación a la realidad actual
Las entidades firmantes han subrayado la urgencia de adaptar la legislación marítima a la creciente presión sobre las costas españolas. Con el auge del turismo náutico y el incremento del tráfico de embarcaciones recreativas, es fundamental actualizar la normativa para garantizar un uso seguro y respetuoso del mar.
Asimismo, recalcan que estas medidas no solo contribuirían a la protección del medio ambiente, sino que también beneficiarían a la economía local, ya que un litoral bien conservado es clave para el turismo sostenible y de calidad.
En definitiva, las organizaciones ecologistas instan al Gobierno a tomar medidas concretas para frenar el deterioro de los ecosistemas de las costas y asegurar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de un mar limpio y seguro.
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