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Madrid, 5 jul (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito firmado por el fiscal jefe Alejandro Luzón, ha reiterado su solicitud de que se archive la venta de participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja y se rechacen los recursos presentados por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).
En mayo, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó el archivo de la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y Bancaja, atendiendo al criterio de la Fiscalía, al no quedar acreditado que éstas se emitieran para "engañar a los inversores de forma global" aún sabiendo que no iban a recuperar su dinero.
Posteriormente, la CIC recurrió el archivo por entender que se utilizaron para "capitalizar las entidades" sobre la base de unos "estados financieros falsos" con los que se engañó al inversor.
Ahora, tras conocer el escrito de Anticorrupción, el presidente de CIC, Gonzalo Postigo, ha declarado a Efe que "con esta actitud, del fiscal Luzón pone muy difícil preservar la justicia en los ahorradores preferentistas".
En su escrito de esta semana Anticorrupción recupera argumentos esgrimidos con anterioridad para pedir el sobreseimiento, pero se añaden algunos nuevos.
Entre ellos se reprocha a los recurrentes que ponen "en boca" de la Fiscalía razonamientos que no ha empleado "para calificar de incomprensible" su criterio; en concreto, Luzón se refiere a cuando se le atribuye la afirmación de que "el mercado era acorde a las circunstancias, para ridiculizar después esta aserción".
El fiscal "desconoce cuándo y en qué contexto ha pronunciado -que nunca escrito- estas palabras, cuyo alcance desde luego se nos escapa"; no es propio del recurrente, prosigue el texto, "ni se compadece con un mínimo respeto, no ya procesal sino siquiera intelectual, el atribuir -y entrecomillar- afirmaciones que sencillamente no se han efectuado".
La Fiscalía ve además un "desahogo" de los recurrentes tras la inadmisión de la querella, en algunas afirmaciones del recurso, que los recurrentes califican de "estrangulamiento de la instrucción" por parte del Ministerio Público.
Asimismo, respecto a la pretensión de que se utilizaron las participaciones preferentes para "captar activos y disfrazar la situación de insolvencia" de las cajas, la Fiscalía alega que no existe en el procedimiento "ningún elemento que permita afirmar que en la fecha de la emisión de las preferentes los responsables de Bancaja o Caja Madrid conocieran que las entidades iban a situarse en una situación de insolvencia que despojaría de su inversión a miles de inversores".
Y mucho menos, que dichas cajas se encontraran "en situación de insolvencia en 2009 (Caja Madrid) y ¡en 2000! (Bancaja)".
La emisión de participaciones preferentes entre minoristas tuvo por objeto mejorar la capitalización de la entidad, "algo conocido por reguladores y supervisores y que en sí mismo no reviste naturaleza delictiva"; la cuestión es si Cajamadrid estaba en situación de insolvencia en esa fecha, y si ello era conocido por los responsables de la emisión "a sabiendas de que la entidad iba a incumplir sus compromisos".
Y esto no está acreditado, aclara Luzón, más allá de las "categóricas afirmaciones de la representación de CIC", basadas más en la propia y personal concepción que en los datos objetivos.
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