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El Congreso de los Diputados presenció dos propuestas de ley de amnistía en un lapso de casi tres años, con el PSOE presentando una iniciativa en busca del respaldo de ERC y Junts per Catalunya durante la investidura de Pedro Sánchez. Estas dos fuerzas independentistas, junto con PDeCAT y la CUP, ya habían promovido su propia medida de gracia en 2021, que no fue rubricada por la Mesa de la Cámara Baja, al contrario de la propuesta actual del PSOE, que ha recibido el visto bueno.
Diferencias en los enfoques y propósitos de las propuestas de amnistías
La comparación entre ambas amnistías resalta diferencias fundamentales, desde la aceptación hasta los enfoques sobre la Constitución y la autodeterminación.
Los títulos de las leyes divergen, ya que mientras las formaciones independentistas buscaban "resolver el conflicto político entre Cataluña y el Estado español", la actual propone la "normalización institucional, política y social en Cataluña".
Divergencias clave entre las propuestas de amnistías
La propuesta actual se enfoca en la "convivencia democrática", a diferencia de la perspectiva del 2021, que consideraba esta medida como "la primera semilla para el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación". Además, se evidencia un cambio en la interpretación de la Constitución, que antes se veía como una limitación y ahora se apoya alegando que no prohíbe la amnistía, sino una manifestación específica del derecho de gracia, como los indultos generales.
Otra divergencia es la falta de abordaje de los hechos relacionados con la autodeterminación en la propuesta actual, mientras que la de 2021 justificaba el derecho a decidir y denunciaba la violencia policial ejercida durante el 1 de octubre de 2017.
El término "lawfare" no aparece en la nueva propuesta, a diferencia de la anterior, donde se planteaba poner fin a la judicialización del conflicto mediante la amnistía.
Las fechas para amnistiar delitos difieren también: la propuesta de 2021 abarcaba desde el 1 de enero de 2013, ligado a la resolución de soberanía del Parlament de Catalunya, mientras que la actual retrocede hasta el 1 de enero de 2012, año en el que se desarrollaron los hechos del proceso independentista. A pesar de estas discrepancias, ambos textos contemplan eventos claves como la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del procés en 2019.
Por otro lado, la propuesta de 2021 pretendía revocar las órdenes de extradición contra los dirigentes independentistas fugados, mientras que la actual elimina los antecedentes penales asociados a la condena amnistiada y anula las órdenes de busca y captura. También difieren en la devolución de multas: la propuesta anterior consideraba la devolución con interés legal, mientras que la actual no contempla el reembolso de las multas amnistiadas. Además, las referencias específicas a las causas judiciales difieren entre ambas propuestas.
Las órdenes de extradición en las diferentes amnistías propuestas
Newtral.es analiza las diferentes amnistías que se han propuesto en el gobierno español a lo largo de los años.
La responsabilidad penal en 2021. La iniciativa de ERC, Junts per Catalunya, PDeCAT y la CUP pretendía revocar las órdenes de extradición contra todos los dirigentes independentistas huidos al extranjero, como el expresident del Govern de Catalunya Carles Puigdemont. Así, el texto determinaba dejar sin efecto “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de búsqueda y captura de quienes fueron declarados en rebelión”. En ese momento, además de Puigdemont, se encontraban fugados otras personalidades: el exconseller del Govern Toni Comín (ERC) o la exconsellera Clara Ponsatí (JxCat).
La responsabilidad penal en 2023. La coletilla de “declarados en rebelión” no aparece en la propuesta firmada por los socialistas. En este sentido, el articulado establece que se eliminarán los antecedentes penales que conlleve la condena amnistiada, y quedarán anuladas las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión que correspondan. También las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.
La devolución (o no) del importe de las multas a los empleados públicos
Qué decía la iniciativa original de las formaciones independentistas. Se reclamaba la “reintegración en la plenitud de sus derechos activos y pasivos de los funcionarios sancionados”, así como la reincorporación a sus puestos de trabajo, la eliminación de cualquier antecedente penal o de las notas desfavorables en procedimientos personales. Aparte, se planteaba la devolución de las fianzas y de los abonos, sanciones o multas de carácter económico “con el interés legal del dinero”.
El PSOE apuesta por la no devolución de las multas. La actual norma indica que los empleados públicos que hayan sido cesados por algún acto relacionado con el procés se reincorporarán en sus respectivas labores. Con esto, se reconocerá su antigüedad como “si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios”. Sin embargo, la futura ley de amnistía no reembolsará el dinero abonado en multas que queden amnistiadas, por lo que supone una de las diferencias respecto a su antecesora.
Las menciones específicas (o no)
Al contrario de los socialistas, las formaciones independentistas sí enumeraban las diferentes causas judiciales a las que afectaría la amnistía. Entre ellas, se explicitaba la sentencia del Tribunal Constitucional contra los líderes del procés y otra docena de procesos abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en la Audiencia Nacional o en otras estancias.
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