11/11/2025 - 20:00
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La grave situación que atraviesa la comarca de Valdeorras en Orense se debe al arrastre masivo de cenizas por las lluvias, tras los incendios forestales del verano, lo que ha provocado la contaminación y el colapso del sistema de abastecimiento de agua potable en varios municipios gallegos.
A pesar de los trabajos de limpieza y prevención realizados por la Xunta de Galicia y centenares de voluntarios, los efectos devastadores siguen afectando a miles de vecinos que sufren cortes de suministro y restricciones de uso del agua potable.
En 2025, Galicia fue una de las comunidades españolas más golpeadas por incendios forestales, con cerca de 90.000 hectáreas quemadas. El impacto directo de las llamas en Orense, especialmente en Valdeorras, dejó numerosos municipios con sus fuentes y manantiales expuestos al riesgo de contaminación por cenizas debido a las lluvias otoñales. Estas precipitaciones han acelerado la escorrentía, arrastrando toneladas de residuos y lodo hacia ríos como el Sil, impidiendo el consumo de agua y provocando cortes frecuentes del suministro en núcleos urbanos y aldeas rurales.
La comarca de Valdeorras es la más perjudicada, con localidades como Vilamartín, Arcos, San Miguel, Valdegodos y O Barco sufriendo graves daños. El alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, advierte que el sistema de captación de agua está completamente inutilizado durante las lluvias y obliga a restringir el consumo de agua potable varias veces al día. En A Rúa y otras localidades, se cierran entradas de agua para evitar la saturación del depósito y se distribuye agua embotellada a la población. Los pocos trabajadores municipales y brigadas voluntarias no logran paliar completamente la emergencia, mientras que parte de la población manifiesta preocupación ante posibles inundaciones por el taponamiento de cauces de ríos.
Reacción de la administración y voluntariado ante la crisis del agua potable
Más de 400 voluntarios han participado en labores de emergencia, como el esparcimiento de paja sobre las laderas quemadas para prevenir la erosión y la contaminación de los acuíferos. Sin embargo, las administraciones gallegas y estatales afrontan críticas por la falta de recursos y previsión ante una crisis anunciada por expertos y asociaciones ecologistas como ADEGA.
El BNG, por su parte, ha reclamado en el Parlamento gallego actuar urgentemente y evitar el trasvase de responsabilidades entre distintas instituciones, subrayando la necesidad de un plan coordinado para reestablecer el agua potable y proteger los ecosistemas locales.
La destrucción de la capa fértil del suelo supone un riesgo irreversible para el futuro de la comarca, ya que la escorrentía impide que el terreno absorba adecuadamente el agua, incrementando el peligro de sequías y la pérdida de biodiversidad en años venideros. La contaminación por cenizas afecta no sólo a hogares, sino también a la fauna y flora acuáticas, y podría desencadenar problemas sanitarios de mayor envergadura si no se toman medidas contundentes desde los distintos organismos oficiales.
Estas son algunas de las medidas adoptadas y reclamaciones que se han llevado a cabo ante esta crisis:
- Instalación de fuentes portátiles y reparto de agua potable embotellada a miles de vecinos mediante Protección Civil y ayuntamientos implicados.
- Cierre temporal de captaciones para limpiar sistemas a la espera de mejoras climáticas.
- Esparcimiento de paja y otras tareas de recuperación de suelo ejecutadas por voluntarios.
- Solicitud de ayudas urgente a la Xunta y al Gobierno central, a pesar de la insuficiencia de recursos señalada por los alcaldes.
- Propuestas de control y vigilancia de la calidad del agua potable por parte de organizaciones sociales y políticos locales.
Perspectivas oficiales y sociales
La Xunta de Galicia asegura que el plan de intervención y apoyo está en marcha, con especial énfasis en la colaboración activa de los equipos voluntarios y técnicos. Sin embargo, los alcaldes y asociaciones vecinales insisten en que las medidas actuales resultan insuficientes dada la magnitud de la catástrofe ecológica y social, exigiendo una mayor implicación y coordinación entre administraciones para evitar que situaciones similares se repitan en futuras temporadas de incendios e lluvias torrenciales.
En conclusión, la situación en Valdeorras es el resultado combinado de una gestión insuficiente del riesgo post-incendio y de unos fenómenos meteorológicos adversos que ponen en jaque la salud pública y el bienestar de miles de gallegos, evidenciando la urgencia de políticas medioambientales integrales y eficaces a corto y largo plazo.
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