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Cada vez que una oleada de incendios forestales devasta nuestros paisajes, resurge con fuerza un debate cargado de frustración y, a menudo, de desinformación: el estado de nuestros montes. Es común escuchar afirmaciones como "los montes no se pueden tocar" o "está prohibido limpiar el bosque", sugiriendo que la legislación ecologista es la culpable de que los fuegos se propaguen sin control. Sin embargo, una revisión rigurosa de la normativa revela una realidad diametralmente opuesta: las leyes en España no solo no prohíben limpiar los montes, sino que establecen la obligación de hacerlo.
El problema, por tanto, no es la falta de un marco legal, sino la complejidad de su aplicación, la falta de recursos y el abandono progresivo del mundo rural. Entender qué dice la ley es el primer paso para desmontar los bulos y enfocar el debate en las verdaderas causas del problema.
La Ley de Montes: la columna vertebral de la prevención
La normativa estatal que sienta las bases de la gestión forestal es la Ley 43/2003, de Montes. Lejos de ser un texto prohibicionista, esta ley pone un enorme énfasis en la gestión forestal sostenible como la principal herramienta para la prevención de incendios.
La ley establece de forma clara que los propietarios de los terrenos forestales —ya sean públicos o privados— son los responsables directos de su conservación y de llevar a cabo los tratamientos selvícolas necesarios para reducir el riesgo de incendios. Esto incluye, entre otras cosas:
- Desbroces y claras: Limpiar los montes incluye eliminar el exceso de matorral y árboles pequeños que actúan como combustible y facilitan la propagación del fuego.
- Podas: Cortar las ramas más bajas de los árboles para evitar que el fuego trepe hacia las copas, que es cuando se vuelve incontrolable.
- Creación de áreas cortafuegos: Mantener limpias franjas estratégicas de terreno (como los márgenes de caminos y carreteras) que puedan actuar como una barrera ante el avance de las llamas.
Es decir, la ley nacional no solo permite estas acciones, sino que las contempla como una obligación.
El papel de las comunidades autónomas
Aunque la Ley de Montes establece el marco general, son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para regular en detalle la gestión de sus montes. Esto significa que cada región tiene su propia normativa que adapta los principios generales a la realidad de su territorio (tipo de bosque, clima, etc.).
Estas normativas autonómicas son las que regulan, por ejemplo, los procedimientos y los calendarios para realizar ciertas tareas. No es que prohíban limpiar los montes, sino que la ordenan para que se haga de forma segura y respetuosa con el medio ambiente. Por ejemplo:
- Permisos para quemas controladas: La quema de rastrojos o restos de poda es una herramienta de gestión tradicional, pero muy peligrosa. Por ello, las CCAA establecen periodos muy concretos en los que se pueden limpiar los montes (normalmente en épocas de bajo riesgo, fuera del verano) y exigen la obtención de una autorización previa para garantizar que se hacen con las medidas de seguridad adecuadas.
- Regulación en espacios protegidos: En zonas de alto valor ecológico, como los Parques Nacionales o Naturales, las tareas para limpiar los montes no están prohibidas, pero sí están sujetas a una supervisión más estricta por parte de los agentes medioambientales para asegurar que no se daña la biodiversidad.
La interfaz urbano-forestal, un punto crítico
Una de las mayores preocupaciones y donde la ley es especialmente exigente es en la llamada interfaz urbano-forestal. Se trata de esas zonas donde las urbanizaciones y las casas se mezclan con el terreno forestal. La ley obliga a los propietarios de estas viviendas a mantener una franja de seguridad de varios metros alrededor de sus parcelas, limpia de maleza, matorral y arbolado denso. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones importantes, y los ayuntamientos son los responsables de vigilarlo.
Entonces, ¿por qué los montes están "sucios"?
Si la ley obliga a limpiar los montes, ¿por qué la percepción general es la contraria? La respuesta no está en la ley, sino en la realidad socioeconómica.
- El abandono del mundo rural: La despoblación ha provocado que ya no haya pastores con rebaños que limpien el monte de forma natural, ni agricultores que trabajen las tierras. Los montes sin gestión acumulan combustible año tras año.
- Falta de rentabilidad: Para un propietario particular, limpiar los montes a menudo no es rentable. Los costes de los trabajos forestales son elevados y el aprovechamiento de la madera o la biomasa no siempre los compensa.
- Falta de recursos públicos: Aunque las administraciones invierten en prevención, los presupuestos son a menudo insuficientes para cubrir las enormes extensiones de masa forestal que necesitan gestión.
En definitiva, el problema no es que las leyes prohíban la limpieza de los montes, sino que el contexto de abandono rural y la falta de recursos hacen que esta obligación legal sea, en la práctica, muy difícil de cumplir. La solución, por tanto, no pasa por cambiar una ley que ya es clara, sino por incentivar la economía rural, apoyar a los propietarios y dotar de más medios a la gestión forestal.
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