Cristóbal Montoro impulsó desde Hacienda reformas fiscales que beneficiaron a empresas gasistas en plena crisis

Una investigación en curso ha sacado a la luz las tensiones que generó dentro del Gobierno de Mariano Rajoy una controvertida medida impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según el sumario del caso elaborado por los Mossos d'Esquadra, el proyecto de ley presentado por Montoro en septiembre de 2014 habría favorecido fiscalmente a las grandes empresas del sector gasista, desatando incluso fricciones con otros miembros del Ejecutivo.

El proyecto, que fue defendido en el Congreso el 18 de septiembre de ese año y aprobado dos meses más tarde, chocó con la postura del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, del mismo partido que Cristóbal Montoro. Detrás del impulso de esta norma, sin embargo, podría haber intereses ocultos.

Según la investigación del conocido como "caso Montoro", un año antes, en 2013, las compañías gasistas habrían intentado sin éxito beneficiarse de una rebaja del 85 % en el impuesto eléctrico. Tras la negativa de Hacienda, recurrieron al despacho de asesoría fiscal Equipo Económico, fundado por Montoro en 2006, que habría facilitado —a cambio de cuantiosas sumas de dinero— la aprobación final de la medida.

La operación permitió a las empresas implicadas un ahorro de entre 50 y 136 millones de euros, mientras que el Estado dejó de ingresar unos 59 millones en plena crisis económica, según los datos recogidos en el sumario judicial.

Las gasistas lograron otra ventaja fiscal en 2018 bajo la sombra de Cristóbal Montoro

La investigación judicial revela que en 2018, las empresas del sector gasista volvieron a obtener beneficios fiscales con el respaldo del despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro. En esta ocasión, lograron una modificación favorable del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Los investigadores sostienen incluso que algunas de estas compañías participaron directamente en la redacción de dos apartados de los Presupuestos Generales del Estado de ese año.

El sumario también señala que otras grandes corporaciones, como Ferrovial, vinculadas al ámbito energético y del transporte, recurrieron a los servicios del mismo despacho, aunque sin alcanzar los mismos resultados positivos.

Además, el informe de los Mossos destaca las discrepancias dentro del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy. Mientras Cristóbal Montoro defendía mantener ciertos beneficios fiscales para las renovables y trasladar la carga impositiva a las compañías eléctricas convencionales, el entonces ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se inclinaba por suprimir por completo las primas a las energías renovables y aplicar un impuesto progresivo a todo el sector eléctrico.

Los vínculos entre Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda bajo la lupa judicial

La investigación del caso Montoro ha revelado una serie de pagos significativos realizados por algunas de las principales empresas de energías renovables al despacho Equipo Económico. Estos pagos coinciden temporalmente con diversas reformas legislativas que las afectaban directamente, llevadas a cabo en 2012, 2013 y 2014. También se identificaron pagos similares por parte de grandes compañías eléctricas tradicionales y distribuidoras de energía.

Cristóbal Montoro, quien fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008, ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en que se aprobaron las normativas en cuestión. Según el sumario judicial, durante ese periodo habría desempeñado un papel clave en la aprobación de estas medidas, ejerciendo un control determinante en su tramitación. El juez sostiene que Montoro actuó como una figura central en la supuesta red, sirviendo de "autoridad" que garantizaba beneficios concretos para el despacho, aprovechando su capacidad para impulsar iniciativas legislativas desde su ministerio.

El magistrado apunta además que, para facilitar este objetivo, Cristóbal Montoro habría colocado en puestos estratégicos del Ministerio de Hacienda a personas con estrechos vínculos con Equipo Económico. Esto habría permitido que los borradores de leyes y reglamentos se ajustaran a las exigencias de las empresas que contrataban al bufete, siempre tras comprometerse a pagar por esos favores.

Según el juez instructor, estos nombramientos aseguraron que el despacho mantuviera influencia directa sobre los órganos clave en la elaboración de las reformas. “A cambio de importantes sumas de dinero, y mediante un uso indebido de su función pública, se habrían impulsado reformas legislativas a medida que otorgaban ventajas fiscales a ciertas empresas, con un coste directo para las arcas públicas”, concluye el informe.

Los pagos empresariales: 12 millones de euros en seis años

Aunque la investigación comenzó enfocándose en un pago de 779.705 euros realizado entre 2011 y 2019 por parte de las compañías gasistas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) al despacho Equipo Económico, el juez sospecha que este esquema podría haberse replicado con empresas de otros sectores como la energía, la construcción o el juego.

Los Mossos d'Esquadra han documentado transferencias a Equipo Económico por parte de Red Eléctrica Española entre 2010 y 2015 por un total de 1,3 millones de euros; de Ferrovial, entre 2012 y 2014, por 293.424 euros; de Abengoa, entre 2009 y 2015, por 3,9 millones; y de Madrid Network, entre 2008 y 2011, por 1,8 millones.

Según los investigadores, el sistema ideado para repartir los fondos obtenidos presuntamente de forma ilegal funcionaba de dos maneras: mediante elevados sueldos para los socios y a través de un conjunto de sociedades pantalla sin empleados, sin sede identificable ni gastos operativos visibles.

Se sospecha que el propósito de estas sociedades era ocultar quién recibía finalmente los fondos, además de servir para canalizar dinero hacia el extranjero, en países como Irlanda, Luxemburgo y otros más de diez destinos.

En total, los socios habrían distribuido hasta 12 millones de euros en seis años utilizando siete empresas, con un aumento de estos pagos que coincidió con la llegada del Partido Popular al Gobierno.