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El pasado 21 de mayo marcó una fecha clave para la Unión Europea: era el límite para que los Estados miembros incorporaran a sus legislaciones nacionales la tercera versión de la Directiva de Energías Renovables (DER III), aprobada en 2023. Esta normativa tiene como principal meta alcanzar una cuota del 45 % de energías renovables para 2030 en los sectores de electricidad, calefacción, refrigeración y transporte, como parte del compromiso europeo con la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia energética.
En el ámbito del transporte, la directiva fija un objetivo específico: alcanzar un 29 % de energía renovable en este sector para 2030 o, alternativamente, lograr una reducción mínima del 14,5 % en la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los escenarios actuales de crecimiento del transporte de cara a 2050 presentan una fuerte contradicción con estos objetivos. La demanda energética proyectada no solo es elevada, sino que se apoya principalmente en biocombustibles cuya sostenibilidad está cada vez más en entredicho.
Biocombustibles: ¿aliados o amenaza?
Los biocombustibles han sido promovidos como una herramienta clave para la descarbonización del transporte, especialmente en sectores difíciles de electrificar como el marítimo y el aéreo. Sin embargo, organizaciones como Ecologistas en Acción han advertido sobre las contradicciones de esta estrategia. En un reciente informe, alertan sobre la presión insostenible que genera el uso de materias primas limitadas para la producción de estos combustibles, así como sobre los impactos ambientales derivados de su explotación.
Desde 2010, la UE fomentó el uso de biocombustibles provenientes de cultivos como la soja y la palma. Este enfoque, lejos de ser inocuo, ha contribuido a la deforestación a gran escala, con una pérdida estimada de bosques equivalente al tamaño de los Países Bajos. Aunque en 2018 se acordó eliminar gradualmente el aceite de palma como insumo para combustibles renovables antes de 2030, la transición hacia alternativas más sostenibles no ha estado exenta de controversias.
La UE ha promovido en los últimos años los llamados combustibles renovables avanzados, elaborados a partir de residuos como el aceite de cocina usado (UCO), las grasas animales o los efluentes del procesamiento de palma (POME). En 2023, Europa consumió cerca de siete millones de toneladas de UCO para biocombustibles, en su mayoría para mezclas con diésel convencional. No obstante, esta cifra es significativamente superior a la capacidad real de recolección dentro del continente, lo que ha llevado a un aumento de las importaciones desde países como China, Indonesia y Malasia.
Esta dependencia creciente de las importaciones ha generado serias dudas sobre la autenticidad de los residuos utilizados. Investigaciones recientes de organizaciones como Transport & Environment (T&E) han señalado posibles fraudes, como la declaración de aceite de palma virgen como si se tratara de residuos reutilizados, especialmente en el caso del POME.
¿Una transición sin rumbo claro?
El crecimiento acelerado de la demanda de combustibles renovables por parte del transporte terrestre, marítimo y aéreo ha generado una competencia por recursos que podría tener consecuencias graves: deforestación, emisiones indirectas y una posible crisis de seguridad alimentaria. Según las organizaciones ecologistas, continuar por este camino pone en riesgo no solo los objetivos climáticos, sino también la integridad de los ecosistemas y la justicia ambiental.
Ante esta situación, exigen una revisión profunda de las políticas energéticas europeas. Las medidas propuestas incluyen: limitar el crecimiento del transporte para reducir la demanda energética, eliminar progresivamente los biocombustibles derivados de cultivos, especialmente de palma y soja, restringir las importaciones de materias primas a favor de una producción local verdaderamente sostenible, y mejorar los sistemas de trazabilidad y control para evitar fraudes en la cadena de suministro.
¿Renovables a cualquier precio?
El caso de los biocombustibles ilustra la complejidad de la transición energética. Si bien es urgente reducir las emisiones del transporte, basarse en combustibles que generan impactos ambientales indirectos y cuya sostenibilidad es dudosa puede ser contraproducente.
La Directiva de Energías Renovables marca una hoja de ruta ambiciosa, pero su éxito dependerá no solo de alcanzar cuotas numéricas, sino de garantizar que el camino hacia las energías renovables no cause nuevos problemas en su intento por solucionar los antiguos.
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