España cuenta con un marco legal específico para abordar esta realidad: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, conocida popularmente como Ley de la Dependencia.
El Ejecutivo trabaja en actualizar la normativa de dependencia y discapacidad, con el objetivo de llevar la propuesta al Congreso en otoño de 2025. Las reformas incluyen mejoras en financiación, derechos y atención directa.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente, dependiente del Ministerio de Hacienda, propone una reforma para facilitar la aplicación del mínimo de dependencia por discapacidad en el IRPF
El Ministerio de Derechos Sociales destinará 783,2 millones de euros en 2025 para apoyar a las comunidades autónomas en la financiación de la atención a la dependencia.
Según los últimos datos del Gobierno, solo en el mes de marzo fallecieron 2.592 personas en lista de espera. Las organizaciones demandan un aumento de la financiación, que lleva congelada al menos dos años.
