El Gobierno ultima la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para presentarla en otoño

El Ejecutivo español tiene previsto llevar al Congreso en otoño una ambiciosa reforma que afecta a millones de personas en situación de dependencia y discapacidad. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en colaboración con el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y otras entidades del tercer sector, trabaja desde hace meses en una actualización legal que responda a las necesidades reales y actuales de estas poblaciones.

Se espera que esta reforma no solo mejore el acceso a las ayudas, sino que también garantice derechos sociales, aumente los recursos económicos y corrija desigualdades territoriales en la aplicación de la ley. Uno de los pilares será incluir el enfoque de vida independiente, los apoyos personalizados y la participación activa de las personas con dependencia y discapacidad en las decisiones que les afectan.

La intención del Gobierno es "remitir a las Cortes Generales para su trámite parlamentario a inicio del próximo periodo de sesiones", ha aseverado a secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

La número dos del ministerio de Pablo Bustinduy ha invitado a todos los grupos a "remar en la misma dirección" y a "actuar con mirada larga" para sacar adelante estos cambios necesarios que "no son el problema de un Gobierno ni de una legislatura, son una responsabilidad colectiva y un mandato democrático" tras la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Ha recordado que se estima que al menos 400.000 personas se incorporarán al sistema de dependencia y autonomía personal en 2030, por lo que ha invitado a los grupos y a las administraciones autonómicas a reflexionar sobre su financiación y sobre qué recursos "más allá de los presupuestos se pueden inyectar para dar una respuesta para las próximas décadas y no para usarlo partidistamente".

Avances clave: financiación, derechos y simplificación administrativa

Entre los puntos clave que contendrá el borrador de la reforma destacan: la mejora de la financiación estatal, el refuerzo de los servicios públicos de atención domiciliaria y la inclusión de nuevas categorías de apoyo para cubrir mejor las necesidades de cada persona.

También se revisará la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para adaptarla a las exigencias del Convenio de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde 2008. El objetivo es que el sistema deje de ser asistencialista y pase a centrarse en la autonomía personal y la inclusión plena de personas con dependencia y discapacidad.

Otro cambio importante será la simplificación administrativa, con procesos más rápidos y digitales para la valoración de la dependencia y discapacidad, algo que hoy en día puede tardar meses o incluso años en algunas comunidades autónomas.

Una oportunidad histórica para transformar el sistema

Organizaciones sociales y expertos consideran esta reforma una oportunidad histórica para corregir los fallos estructurales de un sistema que ha quedado obsoleto en muchos aspectos. Desde las listas de espera para recibir ayudas, hasta los recortes sufridos durante la última década, las personas con discapacidad y sus familias han reclamado durante años un marco legal más justo y eficaz.

El Gobierno, por su parte, ha manifestado su intención de aprobar esta reforma antes de final de año, siempre que cuente con apoyo parlamentario suficiente. Aunque todavía no se ha hecho público el texto final, se prevé que el debate parlamentario comience en octubre de 2025.

La reforma, de aprobarse, tendrá un impacto directo en la calidad de vida de más de 4 millones de personas con dependencia y discapacidad en España.