Hacienda propone equiparar grados de dependencia para mejorar beneficios fiscales en el IRPF

El Consejo para la Defensa del Contribuyente, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha planteado una reforma normativa para facilitar la aplicación del mínimo por discapacidad en el IRPF. Según un informe al que ha accedido Servimedia, la propuesta incluye establecer equivalencias entre los distintos grados de dependencia y discapacidad, con el fin de mejorar el tratamiento fiscal hacia las personas con discapacidad.

Una de las medidas destacadas es la revisión del concepto de “descendiente por asimilación”, lo que permitiría ampliar el alcance de las deducciones por descendiente con discapacidad a nuevas realidades familiares cada vez más comunes.

Propuesta para equiparar grados de dependencia

Estas recomendaciones surgen tras recibir numerosas quejas por las dificultades para acreditar el grado de discapacidad necesario para acceder a las ventajas fiscales. Según el informe, los ciudadanos muestran su malestar por el nivel de exigencia y la duración del proceso para obtener dicho reconocimiento.

Para aliviar esta carga, el Consejo plantea crear mecanismos que permitan equiparar automáticamente ciertos grados de dependencia con niveles reconocidos de discapacidad. El objetivo es simplificar los trámites y hacer más accesible el mínimo por discapacidad, reduciendo los obstáculos burocráticos para los potenciales beneficiarios.

En este contexto, el Consejo recordó que la normativa vigente del IRPF ya incluye dos casos en los que no es necesario acreditar formalmente la discapacidad.

El primero establece que se considera acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 % cuando la incapacidad ha sido declarada por una resolución judicial, aunque no se alcance ese porcentaje exacto.

Reconocimiento automático de discapacidad para pensionistas

El segundo caso se aplica a los pensionistas de la Seguridad Social que reciben una pensión por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, quienes se consideran automáticamente con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Lo mismo ocurre con los pensionistas de clases pasivas que tienen reconocida una pensión por jubilación o retiro debido a incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, tal como señala el informe.

Por ello, el Consejo expresó que “valora positivamente la propuesta de equiparar el reconocimiento oficial de una necesidad de apoyo, en cualquiera de sus niveles, con un grado de discapacidad del 33 %”.

No obstante, el Consejo considera más ajustado a la realidad reconocer un grado de discapacidad del 33 % para quienes presenten dependencia moderada, y un grado del 65 % para quienes tengan dependencia severa o gran dependencia. Esto sin perjuicio de que la persona interesada pueda, si lo desea, recurrir al procedimiento oficial para la valoración legal de la discapacidad, subraya el documento.

Reforma legal para equiparar grados de ayuda

Para implementar esta propuesta, el Consejo recomendó que se introduzcan cambios en las leyes generales de discapacidad mediante proyectos de ley o enmiendas durante el proceso parlamentario.

En caso de que no se realice esta reforma legislativa, el Consejo planteó incorporar la equiparación entre el grado de ayuda y discapacidad en un nuevo apartado del artículo 60 de la Ley del IRPF.

La segunda recomendación del Consejo incluye revisar el concepto de “descendiente por asimilación” para que se puedan aplicar las deducciones por descendiente y discapacidad a casos relacionados con el apoyo y la asistencia jurídica a familiares adultos con discapacidad, a través de figuras como la guarda de hecho o la curatela, que están siendo cada vez más comunes.

El informe señala que esta medida se debería aplicar siempre que se cumplan los requisitos de convivencia y dependencia económica, buscando así un enfoque más justo en términos fiscales.