16/06/2025 - 08:37
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La dependencia continúa siendo uno de los grandes desafíos sociales en España. Según los últimos datos oficiales, más de 8.000 personas fallecieron entre enero y marzo de 2025 sin haber llegado a recibir la prestación o servicio al que tenían derecho. Esta cifra refleja la gravedad de una situación que, lejos de mejorar, mantiene en vilo a miles de ciudadanos y sus familias.
El sistema de dependencia, creado para garantizar la atención y los cuidados a las personas más vulnerables, se ve desbordado por la falta de recursos, demoras administrativas y desigualdades territoriales. Cada trimestre que pasa, se acumulan casos de personas que fallecen antes de recibir cualquier tipo de ayuda.
Una deuda pendiente con miles de personas
Un total de 8.004 personas murieron de enero a marzo de 2025 esperando su prestación en España. Es la peor consecuencia de las largas listas de espera que mantienen a más de 200.000 personas aguardando una ayuda del Estado, ya sea la teleasistencia, la ayuda a domicilio o una plaza en una residencia, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, que revelan también que las personas dependientes esperan casi un año (338 días) desde que solicitan la prestación hasta que la reciben.
La estadística trimestral publicada durante el mes de abril, señala que, solo en el mes de marzo, fallecieron 2.592 personas que tenían, o bien una solicitud sin valorar, o estaban ya pendientes de recibir una prestación. Otras 3.189 lo hicieron en febrero y un total de 2.223 en enero. En comparación con el año pasado, durante los tres primeros meses del año se registraron un 20 % menos de fallecidos en esta situación que los 10.444 de 2024. Esta situación no es más que la consecuencia de un problema que lleva arrastrando el sistema de dependencia desde hace décadas y el cual vienen denunciando tanto colectivos como familias: una financiación insuficiente del sistema de atención a la dependencia.
¿Por qué tantas personas fallecen sin recibir la prestación?
El principal problema radica en los prolongados tiempos de espera. Desde que una persona solicita el reconocimiento de dependencia hasta que se le concede la ayuda efectiva, pueden pasar meses e incluso años. En este proceso intervienen múltiples factores:
- Evaluaciones lentas debido a la falta de personal.
- Recursos económicos insuficientes para cubrir toda la demanda.
- Burocracia que retrasa la gestión y concesión de prestaciones.
En algunos casos, aunque el grado de dependencia esté reconocido, la prestación no se otorga de manera inmediata por falta de disponibilidad de plazas o de fondos para financiar servicios de ayuda domiciliaria.
Consecuencias sociales y familiares del retraso
El impacto de esta situación va más allá de la persona dependiente. Las familias suelen ser quienes asumen los cuidados, con un gran desgaste físico, emocional y económico. Muchas veces, los cuidadores principales se ven obligados a reducir su jornada laboral o abandonar sus empleos para atender a sus seres queridos.
Además, la falta de apoyo institucional incrementa las desigualdades, ya que las familias con mayores recursos económicos pueden costear servicios privados, mientras que las más vulnerables quedan desamparadas.
El fallecimiento de 8.000 personas sin recibir la ayuda a la que tenían derecho no solo es una tragedia humana, sino también un fracaso del sistema de protección social.
¿Qué medidas son necesarias para revertir esta situación?
Para evitar que esta situación se repita trimestre tras trimestre, son necesarias medidas urgentes y estructurales:
- Incrementar el presupuesto.
- Agilizar los trámites de evaluación y concesión de prestaciones.
- Reforzar la plantilla de trabajadores sociales y personal de valoración.
- Unificar criterios entre comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales.
La dependencia no puede seguir siendo una cuestión secundaria en las políticas públicas. Garantizar que las personas reciban apoyo a tiempo no es solo una cuestión de derechos, sino de dignidad.
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