Deuda autonómica: quién gana y quién pierde con su condonación

La financiación de las comunidades autónomas es, probablemente, el puzle más complejo y endiablado de la arquitectura política española. Es una fuente constante de tensiones territoriales y un debate que nunca se cierra. En este contexto, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una de las medidas más drásticas y polémicas de los últimos años: la condonación de más de 83.000 millones de euros de la deuda autonómica que las comunidades autónomas mantienen con el Estado.

Esta decisión, que nace del acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, se presenta como un "alivio" generalizado para todas las comunidades de régimen común, pero ha sido recibida con un profundo escepticismo y un rechazo frontal por parte de varias de ellas. La gran pregunta que flota en el ambiente es: ¿quién gana y quién pierde realmente con esta gigantesca quita de deuda autonómica?

El origen del problema, ¿por qué están tan endeudadas las autonomías?

Para entender la condonación, primero hay que entender la deuda autonómica. Gran parte de este endeudamiento se generó tras la crisis financiera de 2008. Con la caída de los ingresos y el aumento de los gastos sociales, muchas comunidades autónomas no podían financiarse en los mercados. Para evitar su quiebra, el Estado creó mecanismos de liquidez como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), convirtiéndose en el principal acreedor de la mayoría de las regiones.

Los defensores de la condonación argumentan que esta deuda no es fruto de una mala gestión, sino de un sistema de financiación autonómica injusto y obsoleto que no dota a las comunidades de los recursos suficientes para cubrir el coste real de sus competencias (sanidad, educación, servicios sociales). Es lo que se conoce como "infrafinanciación". Desde esta perspectiva, la deuda autonómica es una consecuencia inevitable de un sistema fallido, y su condonación sería un acto de justicia.

¿Quiénes son los ganadores? Las comunidades más endeudadas

A priori, los grandes beneficiarios de la medida son las comunidades autónomas con un mayor volumen de deuda con el Estado. Según las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda, el reparto de la quita sitúa a la cabeza a:

• Andalucía: Con una condonación de 18.791 millones de euros.
• Cataluña: A la que se le perdonarán 17.104 millones de euros.
• Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha también se benefician significativamente.

El Gobierno defiende que el reparto se basa en criterios técnicos y objetivos, como la población ajustada, y que no hay un trato de favor. De hecho, argumenta que "7 de cada 10 euros condonados benefician a territorios gobernados por el PP". El principal argumento a favor es que este alivio financiero liberará recursos en los presupuestos autonómicos, que dejarán de pagar miles de millones en intereses y podrán destinar ese dinero a reforzar el estado del bienestar: más médicos, más profesores y mejores servicios sociales.

¿Quiénes son los perdedores? Las comunidades "cumplidoras" y el riesgo moral

En el otro lado de la balanza se sitúan las comunidades autónomas que, a lo largo de los años, han realizado un mayor esfuerzo de contención del gasto y presentan un nivel de endeudamiento más bajo. Son las llamadas "cumplidoras".

Para estas regiones, la condonación generalizada es un agravio. Sienten que se premia a quienes han gastado por encima de sus posibilidades, mientras que su prudencia fiscal no obtiene ninguna recompensa. Este es el núcleo del concepto de "riesgo moral": si se perdona la deuda autonómica de forma incondicional, se está enviando el mensaje de que la indisciplina fiscal no tiene consecuencias, ya que al final el Estado siempre acudirá al rescate. Esto podría incentivar un mayor gasto en el futuro, sabiendo que la factura final la pagarán todos los españoles.

Además, desde la perspectiva de estas comunidades, la quita es una solución parcial que no aborda el verdadero problema de fondo: la reforma del sistema de financiación autonómica. Temen que la condonación se utilice como una excusa para retrasar, una vez más, este debate crucial.

El pagador final: el Estado (y todos los contribuyentes)

En última instancia, es importante entender que la deuda autonómica no se evapora, simplemente cambia de manos. Los 83.000 millones de euros que el Estado perdona a las comunidades autónomas pasarán a engrosar la deuda del Gobierno central. Esto significa que la carga de su devolución y sus intereses será asumida por el conjunto de los contribuyentes españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Así las cosas, la condonación de la deuda autonómica es una medida de un calado extraordinario con una doble cara. Para las comunidades más endeudadas, supone un balón de oxígeno financiero sin precedentes. Para las más saneadas, es un potencial agravio comparativo y un mal incentivo. Y para el conjunto del país, es una transferencia de deuda que deberá ser asumida entre todos, a la espera de una reforma del sistema de financiación que sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestra estructura territorial.