Los centros de discapacidad de Madrid denuncian la falta de recursos económicos

Por primera vez, entidades del tercer sector en Madrid —incluidas empresas, asociaciones y fundaciones— han unido fuerzas para alertar públicamente sobre el riesgo que afronta la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad. Las organizaciones denuncian que la causa principal es una situación económica insostenible, provocada por la falta de financiación adecuada por parte del Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

Alarma en el sector de atención a personas con discapacidad en Madrid

Por primera vez, entidades sociales y empresas que trabajan con personas con discapacidad en Madrid han alzado la voz de forma conjunta. Así, denuncian que los servicios que prestan están en peligro por la grave situación económica que atraviesan. Según explican, el origen del problema es la falta de financiación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

El malestar generalizado nace del modo en que la Comunidad de Madrid gestiona los contratos y acuerdos marcos para los servicios públicos de cara a la discapacidad. Según explican las entidades, estos documentos son redactados sin participación alguna por parte de los centros afectados. Así, se imponen condiciones económicas y administrativas que, lejos de favorecer una atención de calidad, complican el mantenimiento de los recursos básicos.

Los responsables de los centros aseguran que los contratos incluyen cláusulas desfavorables y no contemplan mecanismos de compensación ante situaciones imprevistas, como cambios legislativos o laborales.

Un ejemplo reciente que agrava la situación es la entrada en vigor, a partir de enero de 2025, del XVI Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a personas con discapacidad. Este acuerdo contempla una subida salarial del 10 %, pero la Comunidad de Madrid no ha aprobado medidas para ayudar a las entidades a absorber este aumento en los costes. Como resultado, muchas organizaciones ven peligrar su viabilidad económica y, con ello, la continuidad del servicio.

Llamamiento al Gobierno regional

Ante este escenario, las entidades han remitido dos cartas: una a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y otra a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León. En ellas se exige la puesta en marcha de medidas urgentes para garantizar que las personas con discapacidad sigan recibiendo la atención que necesitan.

Entre las peticiones destacan tres ejes: crear un nuevo marco normativo adaptado a las realidades del sector, permitir que las entidades participen activamente en la redacción de los contratos y compensar económicamente el impacto de la subida salarial establecida por el nuevo convenio.

La situación es insostenible

Los responsables de residencias y centros de día advierten de que, en las actuales condiciones, resulta muy difícil mantener una atención individualizada y adaptada a las necesidades específicas de cada persona. Además, subrayan la importancia de dignificar las condiciones laborales del personal que trabaja en este ámbito, sin el cual no sería posible ofrecer un servicio de calidad.

Por todo ello, reclaman una reunión urgente con el Ejecutivo regional para evitar un colapso del sistema de atención en la discapacidad. “Estamos ante un momento crítico”, advierten. “Si no se actúa pronto, los servicios pueden verse seriamente comprometidos”.