Varias empresas aseguran que toda su plantilla la conforman personas con discapacidad para obtener contrato de Defensa

En septiembre pasado, el Ministerio de Defensa licitó un contrato por 18 millones para repuestos de vehículos blindados. Cinco empresas participaron y todas obtuvieron la máxima puntuación. Dos de ellas afirmaron tener un 100 % de personal con discapacidad.

Empates y controversias en la licitación de repuestos de vehículos blindados del Ministerio de Defensa

En septiembre del año pasado, el Ministerio de Defensa abrió una licitación por 18 millones de euros para adquirir repuestos de vehículos blindados del Ejército de Tierra. Las cinco empresas participantes obtuvieron la máxima puntuación, lo que generó un empate. La Jefatura de Asuntos Económicos del Ejército decidió deshacer el empate eligiendo a la empresa con mayor cantidad de empleados con discapacidad, entre las cuales dos afirmaron tener el 100%.

Una de ellas, Defensa y Logística Aplicada (DLA), junto a MISD, informó no tener empleados en plantilla el año anterior. La otra, Maxim Invest Solutions, fue establecida poco antes de la licitación, sin información clara sobre su personal. Ambas estuvieron dirigidas por individuos multados en 2023 por manipular licitaciones de Defensa.

Ante un segundo empate, la mesa de contratación optó por un sorteo basado en números de lotería para determinar la adjudicataria. Finalmente, Maxim Invest Solutions ganó el acuerdo marco.

¿Cuáles fueron las empresas en competencia?

Tras recibir las ofertas de las cinco empresas el 21 de noviembre de 2023 y constatar que todas lograron una puntuación perfecta de 100 sobre 100, la mesa de contratación permitió a cada una mejorar sus propuestas iniciales, ya que el único criterio de valoración era el precio, según el acta de adjudicación.

Ante la paridad, se decidió desempatar basándose en el número de empleados permanentes con discapacidad, de acuerdo con la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas (PCAP), como indica el registro del procedimiento.

Las empresas en competencia fueron:

• Maxim Invest Solutions
• Integración Tecnológica Empresarial (ITE)
• MADZEAL
• Casli
• UTE conformada por DLA y MISD

Dos de ellas admitieron tener un "100 % de trabajadores fijos con discapacidad" para asegurar la adjudicación del contrato de Defensa. Tras el primer empate, la mesa de contratación se enfrentó a otra entre Maxim Invest y la UTE DLA-MISD, ambas con el mismo porcentaje de empleados discapacitados. 

Las otras tres empresas tenían menos del 8 % de empleados con discapacidad. Según la cláusula 14 del PCAP, los licitadores debían justificar su plantilla con discapacidad. Expertos en contratación explican que las declaraciones responsables comprometen a los licitadores, y el órgano contratante puede solicitar documentos adicionales si hay dudas. 

El Comité de personas con discapacidad afirma que tener una plantilla del 100 % de trabajadores discapacitados no es común y advierte sobre las consecuencias legales de proporcionar información falsa. 

La UTE DLA-MISD no tenía empleados según sus cuentas anuales, y sus administradores fueron multados por participar en un cártel de Defensa. Maxim Invest se estableció seis meses antes de la licitación, sin datos de su actividad económica. Uno de sus administradores tiene numerosas empresas registradas.

Multas y contratos militares

Molina Baltanas, el administrador de la empresa ganadora del contrato, fue multado por participar en un cártel de contratos de defensa. La sanción, impuesta por la CNMC en julio del año pasado, ascendió a 34.000 euros debido a su implicación en prácticas ilegales para asegurar licitaciones públicas del Ministerio de Defensa entre 2019 y 2021, cuando dirigía el Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambio, JPG. Al asumir como administrador en Maxim Invest en octubre, dejó su cargo en JPG.

Además, Molina es consejero en Santana Motors International desde 2020, una empresa compitiendo por un contrato de 315 millones de euros para vehículos blindados del Ejército de Tierra. Recientemente, recurrió ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la suspensión de las pruebas de prototipo de vehículo que presentó.