El Gobierno destina 200 millones a las comunidades para apoyar a familias vulnerables

El Gobierno ha autorizado esta semana la transferencia de casi 199 millones de euros a comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla —exceptuando Euskadi y Navarra por su régimen foral—. La medida tiene como finalidad reforzar los servicios sociales y apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, con especial atención a la lucha contra la pobreza infantil.

Refuerzo a los servicios sociales: casi 200 millones para apoyar a las familias más vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana una importante inyección económica dirigida a los servicios sociales de las comunidades autónomas. En total, se transferirán 198,7 millones de euros a los gobiernos autonómicos —a excepción de Euskadi y Navarra, debido a su régimen foral— así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El objetivo principal de esta inversión es reforzar las redes de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad y reducir los índices de pobreza infantil en España.

El Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de esta medida, ha puesto el foco en aquellas unidades familiares que requieren una atención especial.

El ministro Pablo Bustinduy destacó que el destino de estos fondos debe ser claro, mejorar la calidad de vida de familias con dificultades económicas, especialmente aquellas que son monoparentales, numerosas o que residen en zonas rurales donde el acceso a recursos es más limitado.

Una parte significativa de la partida económica, concretamente 65 millones de euros, se dedicará a programas de cobertura básica. Esto incluye desde ayudas para alimentación e higiene hasta subvenciones para material escolar, comedor y suministros del hogar.

Estas acciones buscan no solo paliar carencias inmediatas, sino también ofrecer una base mínima de estabilidad para familias que viven en riesgo de exclusión.

Facilitar la conciliación y el bienestar infantil

Otro de los ejes prioritarios de este plan es facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Se financiarán iniciativas que ayuden a costear plazas en escuelas infantiles o servicios de atención puntual para niños y adolescentes, adaptándose a las necesidades específicas de las familias.

Un caso concreto es el Programa VECA, que promueve actividades educativas, culturales y recreativas durante las vacaciones escolares.

Esta iniciativa permite que niños y niñas de familias vulnerables puedan acceder a experiencias enriquecedoras fuera del calendario escolar y, además, garantiza el acceso a una alimentación saludable cuando no hay comedor escolar disponible.

Protección frente a la violencia y fortalecimiento de la red social

El refuerzo de la protección infantil es otro componente central de esta estrategia. Así, se destinarán 25 millones de euros a mejorar los equipos de intervención social que trabajan en la detección y prevención de situaciones de violencia contra menores.

Esta medida se alinea con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que busca una respuesta más eficaz y coordinada frente a cualquier forma de maltrato.

Apoyo a la red de servicios sociales locales

Por último, se reservarán 100 millones para financiar los servicios sociales de atención primaria en el ámbito local. Esto incluye prestaciones como la ayuda a domicilio o el acompañamiento familiar, así como programas de inclusión para personas en situación de vulnerabilidad prolongada.

En general, se trata de una apuesta por fortalecer la primera línea de intervención social, aquella que tiene contacto directo con los hogares más golpeados por la precariedad.