Más de 222.000 personas con discapacidad en Madrid sufren desamparo por la inacción en el transporte adaptado

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid) ha alzado la voz para denunciar la falta de atención institucional hacia más de 222.000 personas con discapacidad en la región. Según la organización, la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha mostrado una “absoluta dejadez” frente a la crisis del servicio de Eurotaxi.

Desde FAMMA advierten que tanto los taxis adaptados como los vehículos de transporte con conductor (VTC) están incumpliendo su función pública. Aseguran que estos servicios no están sometidos a una regulación adecuada, carecen de inspecciones, no tienen obligaciones mínimas definidas y, además, no enfrentan consecuencias ante el incumplimiento de sus responsabilidades. Esto, según la entidad, vulnera el derecho a la movilidad de miles de personas con discapacidad.

FAMMA denuncia el desamparo de más de 222.000 personas con discapacidad

FAMMA Cocemfe ha puesto en evidencia el abandono sistemático de más de 222.000 personas con discapacidad debido a la falta de acción de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en relación con los viajes en transporte privado para este colectivo. En este contexto, la organización denuncia que los servicios de transporte VTC y EUROTAXI en la Comunidad de Madrid se encuentran desorganizados y fuera de control.

La organización mencionada informa que en cuanto a los taxis adaptados, las emisoras encargadas de gestionar los Eurotaxis "operan de manera independiente, sin que la Consejería de Transportes ejerza ningún tipo de control sobre los tiempos de respuesta, la disponibilidad real, la efectividad o la calidad del servicio. No existe un registro público de flotas, ni seguimiento de los trayectos, ni un servicio prioritario para personas con movilidad reducida. El sistema es opaco, arbitrario y completamente desorganizado".

En cuanto a las plataformas VTC, como Uber, Cabify o Bolt, señalan que "operan sin ningún tipo de obligación legal en materia de accesibilidad. Aunque afirman tener vehículos adaptados, no se sabe cuántos son, cuántos están en funcionamiento o si realmente están disponibles para personas con discapacidad".

Vehículos adaptados

FAMMA señala que, aunque existen vehículos adaptados, estos no están destinados a personas con movilidad reducida. La administración, por su parte, carece de datos oficiales sobre el asunto. FAMMA ha confirmado que estos vehículos existen, pero no prestan servicio a las personas con movilidad reducida, ya que son adaptados solo en nombre, pero en la práctica no sirven.

Se afirma que la falta de regulación ha convertido el sistema en un modelo defectuoso e injusto, excluyendo a miles de ciudadanos del transporte público únicamente por tener una discapacidad. La administración regional ha delegado su responsabilidad en el mercado, tratando la movilidad como un negocio en lugar de un derecho.

Finalmente, destacan que "este descontrol no es un hecho aislado, sino el resultado de una negligencia institucional constante. No hay planificación, ni supervisión, y lo más grave: falta voluntad de actuar. Se tolera la exclusión, se permite el abandono y se blanquea una situación que vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad".