El Gobierno aprueba el nuevo marco para acceder a la jubilación anticipada sin penalización

El Gobierno ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, el marco general que permitirá a los trabajadores expuestos a riesgos especialmente graves para su salud acceder a la jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones. Esta medida representa un primer paso en el que se establecen los principios básicos que servirán de referencia para que cada grupo profesional, sector o actividad pueda negociar más adelante sus propias condiciones específicas para retirarse antes de la edad legal.

El decreto aprobado define las bases y sienta las condiciones iniciales para iniciar ese proceso negociador. Sin embargo, los detalles concretos para cada ocupación deberán acordarse individualmente, sector por sector, a través de futuros reales decretos. Esto requerirá primero una evaluación técnica y la aprobación de la Seguridad Social. Se trata de un procedimiento complejo que podría extenderse durante varios meses, e incluso años, antes de que se implementen los cambios definitivos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado su satisfacción por la aprobación de la medida, señalando que "sitúa a España en línea con políticas ya implementadas en países como Francia, Austria o Italia". Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha destacado que "somos conscientes de que existen empleos especialmente exigentes, y que algunos se vuelven aún más duros en los últimos años de la carrera profesional".

Nuevas condiciones para acceder a la jubilación anticipada

El texto aprobado este martes incorpora definiciones más detalladas sobre las profesiones que pueden acogerse a una jubilación anticipada en condiciones más ventajosas que las generales. En particular, se profundiza en los conceptos de "penosidad", "toxicidad", "peligrosidad" e "insalubridad". En el caso de la penosidad, se consideran factores como la exposición a temperaturas extremas, niveles elevados de ruido o vibraciones, el esfuerzo físico constante o el contacto habitual con agentes físicos, químicos o biológicos. En cuanto a la peligrosidad, se contemplan trabajos con índices superiores a la media en bajas laborales o enfermedades profesionales.

Además, la normativa establece una serie de parámetros que el ministerio considera "objetivos" y que los sectores deberán utilizar para justificar su derecho a acceder a esta modalidad para jubilarse. Estos criterios incluyen la frecuencia de bajas médicas en el colectivo, la ocurrencia de eventos graves como muertes o incapacidades permanentes, así como la duración de dichos procesos.

Por otro lado, quienes puedan acceder a esta jubilación anticipada deberán abonar un recargo en sus cotizaciones a la Seguridad Social y no podrán jubilarse, en ningún caso, antes de cumplir los 52 años. Asimismo, no estará permitido combinar el cobro de la pensión con el desempeño del mismo trabajo que justificó la jubilación anticipada. Esta opción solo se aplicará sin penalización cuando no sea posible mejorar las condiciones laborales del puesto.

Una reivindicación que viene de lejos

Algunos trabajos muy duros, peligrosos o insalubres ya permiten jubilarse antes de la edad normal. Es el caso de los marineros, mineros, policías locales y autonómicos, o el personal de vuelo. Para estos grupos, las condiciones actuales no van a cambiar. Pero si otros sectores quieren sumarse a esta posibilidad, tendrán que negociar cuánto antes pueden jubilarse sin que se les quite parte de la pensión. Esto se mide con algo llamado "coeficiente reductor".

Sin embargo, hay otros trabajadores que desde hace tiempo piden tener ese mismo derecho. Entre ellos están los obreros de la construcción, las camareras de piso (también conocidas como "kellys"), la Policía Nacional, la Guardia Civil, los sanitarios y quienes trabajan en la industria química. Justo este lunes, el Tribunal Supremo ha dicho que el Gobierno debe dar a la Policía Nacional las mismas condiciones de jubilación anticipada que tienen otras policías.

Cómo es el proceso

Con la aprobación del marco general para estas jubilaciones, comienza un proceso por etapas. Cada sector debe seguir ciertos pasos para conseguir su propio "coeficiente reductor". El primero es hacer una solicitud a la Seguridad Social. Esta petición debe hacerse de forma conjunta por sindicatos, asociaciones de empresarios, autónomos o, en algunos casos, por la propia administración.

Una vez se reciba la solicitud, la entidad competente elaborará un informe sobre la morbilidad y mortalidad asociada a la actividad en cuestión. Además, solicitará informes a la Inspección de Trabajo y al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Toda esta documentación será remitida a una comisión evaluadora, integrada por representantes del Gobierno y de los agentes sociales. Solo después de este proceso, el Gobierno podrá redactar el real decreto necesario para reducir la edad de jubilación.