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El Consejo de Ministros ha dado un paso firme hacia una transformación profunda del sistema de atención y apoyo, aprobando una declaración institucional que subraya el "compromiso" del Gobierno para impulsar políticas "integrales" en el ámbito de los cuidados. El objetivo central es doble: reconocer el valor social y económico de esta labor esencial y, al mismo tiempo, consolidar un sistema público basado en los derechos y la dignidad, dejando de forma explícita atrás el caduco modelo asistencialista.
Impulsando un sistema de derechos frente al modelo asistencialista tradicional
La declaración, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto a otros cuatro ministerios clave (Asuntos Exteriores, Trabajo, Sanidad e Inclusión), llega en vísperas del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se celebra este miércoles 29 de octubre. El texto es una crítica directa al sistema anterior, el cual, si bien ofreció "respuestas básicas", también "ha reproducido desigualdades, limitando la autonomía de las personas que necesitan apoyos y afectando de forma profunda a quienes los prestan". El Ejecutivo busca reemplazar este modelo asistencialista —cuyas limitaciones ha expuesto la propia declaración— por una estructura de apoyos moderna y centrada en la persona.
El cuidado, un eje central con perspectiva de género
Uno de los puntos clave abordados es la persistente desigualdad de género en la asunción de las responsabilidades de cuidado. El texto ministerial recuerda que los cuidados son asumidos "en gran medida por las mujeres", lo que ha generado un "impacto directo en su bienestar físico y emocional, en sus oportunidades laborales y en su seguridad económica a lo largo de la vida". Al transformar el sistema y abandonar el modelo asistencialista, se busca una "redistribución más justa de las responsabilidades" en el ámbito familiar y una mejora sustancial en las condiciones laborales de los profesionales del sector.
El Gobierno ha destacado, además, los avances ya realizados, como la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidados, y un incremento notable en la inversión para modernizar y fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), cuya financiación ha aumentado en un 137 % en los últimos cuatro años.
Cinco líneas estratégicas para el cambio estructural
El compromiso para el "cambio estructural de los cuidados" se plasma en la declaración a través de cinco líneas de acción estratégicas que marcan la hoja de ruta para superar definitivamente al modelo asistencialista:
- Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad (2024-2030): Marca la senda para un sistema con enfoque en derechos, autonomía y vida comunitaria, fortaleciendo los servicios de proximidad.
- Reforma de la Ley de Dependencia: En tramitación en el Congreso, busca "actualizar y consolidar" el sistema para adaptarlo a los retos del envejecimiento, garantizando el acceso a apoyos de calidad y fortaleciendo la sostenibilidad a largo plazo.
- Iniciativa ‘Reto Empleo Cuidados’: Aborda la mejora de las condiciones laborales y la escasez de profesionales, valorizando el cuidado como un ámbito esencial para la cohesión social.
- Plan Corresponsables: Una política pública "innovadora" que, con una inversión de 902 millones de euros desde 2021, se consolida como un instrumento "clave" para la conciliación y para "garantizar el cambio estructural necesario que haga posible la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", una meta inalcanzable con un modelo asistencialista obsoleto.
- Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE): Un modelo de referencia para el desarrollo de las profesiones de cuidados con impacto directo en la salud de la población.
El Ejecutivo tiene la intención de "seguir impulsando un cambio de paradigma" en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, buscando consolidar los cuidados como un "eje central de la organización social, económica y política del país". La meta es clara: avanzar hacia una sociedad que "reconozca el cuidado y el apoyo como un derecho humano y una infraestructura esencial para la sostenibilidad social y económica", superando las deficiencias del antiguo modelo asistencialista.
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