El Gobierno propone subir el salario mínimo interprofesional a 1221 euros en 2026

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado formalmente la negociación para la actualización de las rentas más bajas del país en este recién estrenado 2026. En la primera reunión del año con los agentes sociales, el departamento dirigido por Yolanda Díaz planteó una subida del salario mínimo del 3,1 %. Esta propuesta supondría un incremento de 37 euros mensuales en 14 pagas, elevando la cuantía desde los 1.184 euros actuales hasta alcanzar los 1.221 euros brutos al mes.

Uno de los puntos clave de esta negociación es la protección de la renta neta de los trabajadores. El objetivo del Ejecutivo es que este indicador se mantenga en el 60 % del sueldo medio en España, cumpliendo así con los compromisos de la Carta Social Europea. Para que este incremento de 37 euros sea efectivo en el bolsillo de los empleados, el Gobierno ha vinculado la propuesta a que el nuevo salario mínimo siga exento de tributación por IRPF, una medida que el Ministerio de Hacienda ya se ha mostrado dispuesto a estudiar y prorrogar.

Negociación colectiva y desindexación del salario mínimo interprofesional

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, calificó el encuentro como "esperanzador" y destacó el tono constructivo de la patronal y los sindicatos. Sin embargo, para que la CEOE se sume al pacto, el Gobierno deberá abordar una demanda histórica del sector empresarial: la reforma de la Ley de desindexación. Esta norma impide actualmente que las empresas con contratos públicos puedan repercutir el aumento de los costes laborales derivados de la subida del salario mínimo en los precios que cobran a la Administración.

En este sentido, Trabajo se ha comprometido a "explorar" con el Ministerio de Hacienda fórmulas para relajar estas reglas. El alivio en la desindexación permitiría que las empresas contratistas no asuman en solitario el impacto del incremento del SMI facilitando así el visto bueno de la patronal a la cifra del 3,1 %. Por ahora, ninguna organización ha dado una respuesta definitiva, a la espera de consultar la propuesta con sus respectivos órganos de gobierno.

Las posturas de los agentes sociales ante la revalorización

Desde el ámbito sindical, tanto UGT como CCOO han valorado positivamente que el Gobierno ponga sobre la mesa la modificación de la ley de desindexación para desbloquear el diálogo. No obstante, Javier Pacheco (CCOO) aclaró que la cifra del 3,1 % es inferior a la que inicialmente sugerían las centrales sindicales. A pesar de ello, subrayó que no "torpedearán" un posible pacto que garantice la estabilidad y evite que las personas que menos ganan pierdan poder adquisitivo en un contexto económico internacional convulso.

Por su parte, Fernando Luján (UGT) celebró que la patronal ya esté avalando indirectamente revalorizaciones previas al proponer ahora una subida propia del 1,5 %. Aunque las distancias entre el 1,5 % que plantea la CEOE y el 3,1 % de Trabajo son evidentes, la disposición al diálogo hace prever que el acuerdo sobre el salario mínimo podría cerrarse en cuestión de días.

El informe de expertos y el debate sobre el IRPF

La decisión final sobre la cuantía está estrechamente ligada a la fiscalidad. El comité de expertos nombrado por Trabajo diseñó dos escenarios para 2026: una subida del 3,1 % si se mantiene la exención del IRPF, o un incremento del 4,7 % si el indicador empezara a tributar. La intención de Hacienda de mantener la ventaja fiscal ha hecho que la propuesta de los 1.221 euros gane fuerza como la opción más viable para el consenso.

Mientras se cierra el pacto definitivo, el Gobierno ha prorrogado de forma provisional el SMI vigente en 2025 para evitar un vacío legal. Esta práctica, habitual en los últimos ejercicios, permite que una vez que se apruebe el nuevo decreto en el Consejo de Ministros, la subida tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. De confirmarse el acuerdo, el salario mínimo habrá experimentado un crecimiento histórico desde 2018, consolidándose como una de las principales herramientas de protección social en España.