Historia del impuesto sobre la renta en España y su evolución mundial

Desde los albores de la civilización, el pago de tributos ha sido una constante en la vida colectiva. Lejos de tratarse de una invención moderna, los impuestos acompañan al ser humano desde sus primeras estructuras políticas y sociales, evolucionando con el paso del tiempo para adaptarse a nuevos retos, tecnologías y concepciones del Estado.

Un pasado del impuesto de la renta que gravaba cosechas y tareas

Ya en el antiguo Egipto se documenta la existencia de tributos sobre cultivos, ganado o trabajo manual. Aquellas sociedades agrarias necesitaban tanto administrar el territorio como financiar las estructuras políticas y ceremoniales, y los escribas —funcionarios letrados— eran los encargados de llevar los registros detallados de cada contribución.

En el mundo romano, la fiscalidad adoptó formas más complejas y sistemáticas. El censo público no solo servía para saber cuántos eran los ciudadanos, sino también para determinar la riqueza, la posición social y, en consecuencia, cuánto debía aportar cada individuo al fisco estatal. Ese vínculo entre riqueza y obligación pública fue un pilar en el mantenimiento del aparato administrativo romano.

Durante la Edad Media en Europa, los impuestos solían cobrarse “en especie” —es decir, con productos agrícolas, ganado o trabajo— más que en moneda. Los señores feudales, la monarquía y la Iglesia competían por ese poder recaudatorio, lo que generaba conflictos frecuentes con campesinos y con reinos vecinos. En ocasiones, las cargas fiscales tan severas precipitaron revueltas campesinas o crisis de legitimidad.

Aunque los mecanismos han cambiado, la lógica persiste: a lo largo de los siglos, los sistemas tributarios han ido evolucionando (introduciendo impuestos monetarios, mecanismos contables, responsabilidad jurídica, etc.), pero la idea esencial ha permanecido constante: sostener el poder político y garantizar servicios fundamentales (defensa, justicia, administración, obras públicas).

El antecedente moderno: Gran Bretaña y la “renta” directa

Si bien hubo impuestos directos en épocas anteriores, el paso decisivo hacia el impuesto sobre la renta tal como lo conocemos puede situarse en Gran Bretaña. En 1799, en plena guerra contra Napoleón, el primer ministro William Pitt el Joven introdujo un gravamen sobre las rentas anuales superiores a £200, con el fin de financiar la contienda militar.

Esa medida, inicialmente concebida como temporal, rompió con la tradición predominante de gravámenes indirectos (como impuestos sobre el consumo o los bienes). Bajo ese impuesto directo se aplicaba una tasa del 10 % sobre las rentas mayores, mientras que quienes percibían entre £60 y £200 estaban sujetos a tipos graduados menores.

Con el tiempo, aunque ese impuesto fue derogado en 1816 tras el fin de las guerras napoleónicas, sentó un precedente: en 1842 el impuesto se reinstauró bajo el primer ministro Sir Robert Peel, ya como parte permanente del sistema británico.

Este antecedente británico fue clave porque inauguraba la idea moderna del impuesto directo vinculado a la “capacidad contributiva” de cada persona, más que al consumo o a los productos específicos.

La España moderna y el camino hacia el IRPF

El camino del impuesto sobre la renta en España tiene varias etapas, con altibajos y reformas profundas:

• En 1845 se introdujo el primer sistema tributario general unificado bajo la reforma fiscal impulsada por Alejandro Mon y Ramón de Santillán, con el fin de ordenar el mosaico de gravámenes existentes en el Antiguo Régimen.
• Ya en la Segunda República, en 1932, las Cortes aprobaron la llamada “Contribución general sobre la renta”, que es un antecedente cercano del IRPF moderno. En aquella ley, el mínimo exento era de 100.000 pesetas, y los tipos oscilaron entre el 1 % y el 7,70 %.
• Durante el franquismo y en las décadas posteriores, existió el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas (desde 1964 hasta 1978), que articulaba un sistema más global de tributación.
• Pero la configuración tal como la conocemos hoy día —impuesto progresivo, declaración individual, modelo anual— llegó tras la reforma fiscal que acompaña la Constitución de 1978. La ley del IRPF se promulgó en septiembre de 1978 y entró en vigor pocos meses después.
• De hecho, el IRPF fue resultado de una ley presentada en diciembre de 1977 y aprobada en septiembre de 1978, en paralelo con la Constitución, como instrumento esencial para dotar de recursos al nuevo Estado democrático.
• La primera campaña de declaraciones se llevó a cabo en 1979, marcando así el arranque pleno del impuesto tal como hoy lo entendemos.

Este nuevo planteamiento buscaba que cada individuo contribuyera según su capacidad económica, garantizando progresividad (quienes más ganan, pagan más) y vinculando explícitamente la tributación a los ingresos personales.

Con el paso del tiempo, el IRPF ha sufrido numerosas modificaciones: cambios en los tramos y tipos impositivos, descentralización hacia las comunidades autónomas para fijar ciertos porcentajes, introducción de deducciones, exenciones y regímenes especiales (como el régimen de impatriados conocido como “Ley Beckham”).

Hoy día, el IRPF es uno de los pilares del sistema tributario español y representa aproximadamente el 25 % de los ingresos fiscales del Estado (no contando cotizaciones sociales, otros impuestos indirectos y empresas).

Continuidad y cambio

El impuesto sobre la renta, tal como lo entendemos hoy, no surge de un solo momento, sino de una lenta evolución de ideas sobre equidad, responsabilidad ciudadana y financiamiento público, y de adaptaciones a los conflictos históricos. La versión británica de 1799 resultó un hito decisivo, pero fue en el siglo XX cuando muchos países lo hicieron estructural y permanente.

Hoy, cada vez que un ciudadano presenta su declaración de la renta, o se le retiene del salario, está participando de un legado milenario de organización colectiva, donde el tributo es expresión de la corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados. Aunque criticado y reformado a menudo, sigue siendo un instrumento esencial para que el Estado pueda funcionar, invertir y atender las necesidades de la sociedad.