¿Y si tuvieras que pagar un impuesto por cada kilómetro recorrido con tu coche eléctrico?

El avance imparable del coche eléctrico (VE) es una pieza central en la estrategia global de descarbonización y lucha contra el cambio climático. Países de todo el mundo están incentivando su compra con subvenciones y exenciones fiscales para acelerar la transición energética en el transporte. Sin embargo, este éxito plantea un dilema fiscal a largo plazo: a medida que los vehículos de combustión se reducen, también lo hacen los ingresos derivados de impuestos sobre los combustibles, una fuente tradicional de financiación para las infraestructuras viales y los servicios públicos. En este contexto, Reino Unido ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría cambiar radicalmente el modelo: cobrar un impuesto por cada kilómetro recorrido con un coche eléctrico. Una idea que, aunque busca asegurar la recaudación futura, genera un intenso debate sobre su impacto en la adopción del VE y la equidad de la transición.

Este reportaje explorará los motivos detrás de esta controvertida propuesta británica, los desafíos que plantea su implementación, el impacto que podría tener en los conductores de vehículos eléctricos y el debate más amplio sobre la fiscalidad de la movilidad en la era de la descarbonización.

El dilema fiscal de la descarbonización, ¿de dónde vendrán los ingresos?

La transición hacia la movilidad eléctrica, si bien es vital para el medio ambiente, crea un "agujero" en las arcas públicas. Los impuestos sobre el combustible (gasolina y diésel) representan una parte sustancial de los ingresos estatales en muchos países. A medida que más conductores optan por coches eléctricos, que no pagan este impuesto, la recaudación disminuye progresivamente.

En Reino Unido, el Gobierno estima que, de no tomar medidas, esta caída de ingresos podría alcanzar cifras preocupantes en la próxima década. La propuesta de un impuesto por kilómetro recorrido (road pricing o pay-per-mile tax) para vehículos eléctricos busca precisamente reemplazar esos ingresos perdidos y asegurar la financiación continua de:

• Mantenimiento y desarrollo de infraestructuras viales: Carreteras, puentes, túneles, etc.
• Servicios públicos: La recaudación de impuestos sobre combustibles no solo se destina a carreteras, sino también a otras partidas del presupuesto estatal.
• Gestión del tráfico y contaminación: Incentivar un uso más eficiente de la red viaria y, potencialmente, desalentar los viajes innecesarios.

La idea es que los usuarios de la carretera, independientemente del tipo de propulsión de su vehículo, contribuyan proporcionalmente a los costes asociados al uso de la infraestructura.

¿Cómo funcionaría un impuesto por kilómetro recorrido?

La implementación de esta medida no es sencilla y plantea varias opciones técnicas:

1. Tecnología GPS o telemática: Instalar dispositivos en los vehículos que registren los kilómetros recorridos. Esto ya se utiliza en algunos países para camiones o peajes electrónicos.
2. Lectura del cuentakilómetros: Una opción más simple, pero menos precisa y susceptible de fraude.
3. Tarifas variables: El coste por kilómetro podría variar según:
   • Zona geográfica: Más caro en ciudades congestionadas, más barato en zonas rurales.
   • Hora del día: Más caro en horas punta, más barato en horas valle.
   • Tipo de vehículo: Podría haber tarifas diferentes para coches, motos, furgonetas.
   • Nivel de emisiones: Aunque los eléctricos son cero emisiones, podría considerarse su impacto por peso o tamaño.

El Gobierno británico estaría barajando su implementación a partir de 2028, lo que daría tiempo para desarrollar la tecnología y los marcos legales necesarios.

Pros y contras, un debate complejo

La propuesta de un impuesto por kilómetro para coches eléctricos genera un intenso debate con argumentos a favor y en contra:

Argumentos a favor:

• Equidad fiscal: Argumenta que todos los usuarios de la carretera deben contribuir a su mantenimiento, independientemente de si usan combustible o electricidad.
• Sostenibilidad financiera: Asegura una fuente de ingresos estable y predecible para las arcas públicas en la era post-combustión.
• Gestión del tráfico: Podría usarse para reducir la congestión, incentivando el uso de la carretera en horas valle o rutas menos transitadas.
• Neutralidad tecnológica: En lugar de gravar la fuente de energía, grava el uso de la infraestructura.

Argumentos en contra:

• Freno a la adopción del VE: Podría desincentivar la compra de coches eléctricos, justo cuando se busca acelerar su transición. Los críticos argumentan que es prematuro y contraproducente.
• Impacto en la equidad social: Podría perjudicar más a los conductores de bajos ingresos que dependen del coche para trabajar o viven en zonas con menos transporte público, independientemente de si es eléctrico.
• Preocupaciones por la privacidad: El seguimiento de los kilómetros recorridos y las rutas plantea serias dudas sobre la privacidad de los conductores.
• Complejidad de implementación: La tecnología necesaria para un sistema justo y eficiente es costosa y compleja.
• Doble imposición: Los conductores de VE ya pagan IVA en la electricidad para cargar sus vehículos.

El impacto en la descarbonización y los conductores

Si esta medida se implementara, el impacto podría ser doble:

1. En la descarbonización: Existe el riesgo de que ralentice el abandono de los vehículos de combustión. Los gobiernos han invertido mucho en incentivar el VE, y añadir un nuevo impuesto podría minar esa estrategia.
2. En los conductores de VE: Aquellos que hicieron la inversión inicial en un coche eléctrico, a menudo más caro, con la expectativa de menores costes de uso, podrían sentirse penalizados. El ahorro en combustible, que es uno de los principales atractivos, se vería parcialmente compensado por este nuevo impuesto.

El debate abierto por el Reino Unido es una señal de que la transición a la movilidad eléctrica, aunque necesaria, no está exenta de desafíos complejos, especialmente en el ámbito fiscal. Es un "problema de éxito": a medida que más gente adopta el VE, surge la necesidad de reformular la forma en que se financian las infraestructuras.

Los expertos coinciden en que la solución no es sencilla y requiere un equilibrio delicado. Por un lado, es legítimo que los usuarios de la carretera contribuyan a su mantenimiento. Por otro, es crucial no frenar la descarbonización, que es un objetivo ambiental prioritario. Las alternativas podrían incluir:

• Impuestos por peso o potencia: Gravar los VE según su tamaño o prestaciones.
• Peajes dinámicos: Extender los peajes de congestión a más ciudades, pero con tarifas más bajas para VE.
• Impuestos a la energía: Un impuesto específico sobre la electricidad de carga de los VE, aunque esto podría afectar la equidad.
• Recargos en matriculación o circulación: Impuestos anuales que varíen según el impacto del vehículo.

La clave estará en diseñar un sistema fiscal que sea justo, fácil de entender, que no desincentive la adopción del VE y que al mismo tiempo asegure los ingresos necesarios. El modelo británico, si se implementa, sentará un precedente importante para otros países que enfrentarán el mismo dilema en los próximos años.

La propuesta del Reino Unido de cobrar un impuesto por cada kilómetro recorrido a los coches eléctricos abre un debate crucial sobre la fiscalidad de la movilidad en la era de la descarbonización. Motivada por la necesidad de reemplazar los ingresos perdidos de los impuestos a los combustibles fósiles, esta medida busca la equidad fiscal y la sostenibilidad financiera de las infraestructuras. Sin embargo, plantea serios desafíos relacionados con el posible freno a la adopción del VE, la equidad social y la privacidad. Encontrar un equilibrio delicado entre la necesidad de recaudación y el fomento de la movilidad sostenible será fundamental para que el coche eléctrico cumpla su promesa ambiental sin penalizar a sus pioneros.