Cuatro años de cárcel por apropiarse de la indemnización de 1,2 millones de sus hijos con discapacidad

Hay delitos que, por su naturaleza, provocan una especial repulsa social. No solo por el daño económico, sino por la profunda traición moral que entrañan. Es el caso que acaba de sentenciar la Audiencia Provincial de Alicante: un padre ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida agravada, tras demostrarse que se gastó para su propio lucro la millonaria indemnización que sus dos hijos, ambos con una grave discapacidad, habían recibido para asegurar su futuro.

La sentencia no es solo un castigo penal; es el epílogo de una historia que aúna la tragedia de una negligencia médica, la lucha de una madre y la codicia de un padre que traicionó la confianza más sagrada. Es un caso que pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de control judicial para proteger el patrimonio de las personas más vulnerables.

El origen de la indemnización: una negligencia médica en el parto

La historia se remonta a años atrás, cuando un error en el parto provocó que los dos hijos mellizos de la pareja nacieran con una severa parálisis cerebral, reconocida con un grado de discapacidad del 82 % y del 87 % respectivamente. Tras un largo proceso judicial contra la aseguradora de la clínica privada donde nacieron, la familia recibió una indemnización total de 1.262.000 euros.

Este dinero no era un premio de lotería. Era una compensación económica destinada, por ley y por sentencia, a un único y sagrado fin: cubrir las inmensas necesidades presentes y futuras de los dos niños. Su objetivo era garantizar las terapias de rehabilitación, la compra de ayudas técnicas, la adaptación de la vivienda y, en definitiva, asegurarles una vida lo más digna posible ante una situación de dependencia total.

La apropiación, de las terapias a los coches de lujo

El dinero fue ingresado en una cuenta bancaria a nombre de los dos menores, siendo los padres los administradores legales de ese patrimonio. Sin embargo, según ha quedado probado en el juicio, el padre comenzó a desviar sistemáticamente los fondos para su uso y disfrute personal, traicionando por completo la finalidad para la que habían sido concedidos.

La investigación, impulsada por la denuncia de la madre tras el divorcio de la pareja, reveló un patrón de gastos suntuarios completamente ajenos a las necesidades de sus hijos. El dinero que debía destinarse a fisioterapeutas, logopedas o a una vivienda adaptada se desvió para:

• La compra de vehículos de alta gama.
• La adquisición de varios inmuebles.
• El disfrute de viajes, hoteles y restaurantes de lujo.
• Traspasos de dinero a sus cuentas personales y a las de otros familiares sin ninguna justificación.

La sentencia considera probado que el padre dispuso del dinero "como si fuera suyo", con un "ánimo de lucro ilícito" y siendo plenamente consciente de que ese patrimonio pertenecía legalmente a sus hijos y estaba destinado a su cuidado.

Una condena contundente

La Sección Décima de la Audiencia de Alicante ha sido contundente. La condena de cuatro años de prisión responde a la gravedad del delito, agravado por el valor de lo defraudado y, sobre todo, por la especial vulnerabilidad de las víctimas.

Pero la sentencia va más allá de la pena de cárcel. El tribunal ha condenado al padre a devolver la totalidad del dinero apropiado indebidamente, estableciendo una responsabilidad civil que busca restituir el patrimonio de los menores. Esta es, quizás, la parte más importante de la sentencia para el futuro de los niños.

El caso subraya la importancia de la supervisión judicial en la administración de los bienes de las personas incapacitadas legalmente. Aunque los padres tienen la patria potestad, cuando se trata de gestionar grandes sumas de dinero provenientes de alguna indemnización, los jueces suelen establecer mecanismos de control, como la obligación de presentar informes periódicos de gastos, para evitar precisamente este tipo de abusos.

En definitiva, esta sentencia es un recordatorio de que la protección de las personas con discapacidad debe ser integral, abarcando no solo su salud y su bienestar, sino también su seguridad económica. Es un acto de justicia que busca reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por una traición que tuvo lugar en el corazón mismo de la familia.